Venezuela, en su intento por esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos, apostó por las criptomonedas.
Durante la presentación de la “Ley Antibloqueo”, el el presidente Nicolás Maduro mostró su disposición a utilizar «todas las criptomonedas del mundo a fin de mejorar, de una vez por todas, la economía del país”.
También anunció «importantes proyectos relacionados con las criptomonedas» para ayudar a eludir dichas sanciones. Entre sus apuestas destacó la creación de su propio token, el Petro, así como una ley para promover su uso.
¡Y vaya novedad! Maduro, que había calificado a las criptomonedas como la fuerza para liderar la revolución, unos años después abandonó casi por completo el sector tras una multitud de contratiempos que finalmente desembocaron en el estallido de un gran caso de corrupción administrativa relacionado con todos estos proyectos.
Así es, las criptomonedas que antes eran alabadas con bombo y platillo ahora forman parte de un escabroso caso de corrupción.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que es, por ahora, el principal regulador del mercado de criptomonedas en Venezuela es objeto de una investigación por la malversación de miles de millones de dólares procedentes de la venta de petróleo de PDVSA, cuyo destino eran las billeteras de criptomonedas de la entidad y cuyo objetivo era eludir las sanciones de Estados Unidos.
¿Y qué repercusiones ha tenido este extendido caso de corrupción? ¿Qué ha pasado con el Petro, que estaba llamado a ser la «alternativa al bolívar»?
Criptomonedas en estado vegetativo
En primer lugar, el país lleva tres meses consecutivos sometido a severas restricciones en materia de criptomonedas, incluida la prohibición total de la minería.
Segundo: más de 75.000 personas se ganaban la vida en el país con la minería de criptomonedas y ahora todas ellas se han visto obligadas a interrumpir sus operaciones.
Además, el Petro, que nunca despegó, pero que una vez fue considerado por Maduro como la puerta de entrada al futuro de Venezuela, dejó de cotizar el 24 de mayo. Según Bloomberg, ahora el plan del gobierno es dejar morir lentamente al Petro una vez se pague a sus acreedores, reduciendo, de esa manera, sus operaciones a cero.
Independientemente de ello, antes de que estallara el caso de corrupción, el Petro ya atravesaba un mal momento, pues había perdido un 45% de su valor. Actualmente, según el Banco Central de Venezuela (BCV), su precio de referencia se mantiene en 60 dólares.
«Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con el Petro o Sunacrip», dijo Humberto Quevedo, un criptocomerciante y director de una organización de comerciantes y mineros conocida como Asonacrip. «Estamos en la oscuridad sin una declaración oficial».
«Es lamentable que después de pasar por tantos problemas para formalizar y hacer las cosas bien, ahora estemos en esta situación«, dijo Alexis Lugo, quien ha estado trabajando en activos digitales durante siete años y ahora dirige un proyecto educativo de criptomonedas llamado Criptoneros.
La criptocorrupción sacudió a una industria emergente
Venezuela vive desde hace muchos años en una crisis eterna. Por eso, la población del país había visto en las criptomonedas un refugio ideal para escapar de la inflación galopante, que tiene como últimos niveles un 96,3%, cifra que alcanzó tras los cinco primeros meses de 2023.
En ese sentido, el gobierno de Maduro también había encontrado en las criptomonedas una poderosa arma para huir de una moneda volátil y, en consecuencia, poder comprar y vender sin que las sanciones de Estados Unidos pudieran ejercer tanta influencia.
Sin embargo, el sector, que en su día fue estratégico para Maduro, recibió un duro golpe después de que desaparecieran 3.000 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo.
Allí comenzó el menor de sus males, ya que posteriormente fueron detenidas unas 80 personas relacionadas con este escándalo petrolero. Entre ellas, el ex ministro de Tecnología, Hugbel Roa, que desempeñó un papel clave en la introducción del Petro, y Joselit Ramírez, ex jefe de Sunacrip.
Paralelamente, la policía de inteligencia, conocida como Sebin, ha estado llevando a cabo auditorías a los mineros de criptomonedas, buscando la confirmación de que los fondos utilizados para la compra de equipos no provenían de la trama de corrupción que se había descubierto, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas.
«Los inocentes están pagando por los pecados de los culpables», dijo Juan Blanco, director ejecutivo de BitData, una empresa de minería de criptomonedas con 10 empleados en Caracas que también se dedica a la criptoeducación.
Aun así, hasta ahora no se sabe de ningún minero de criptomonedas que haya sido detenido o acusado de algún delito.
La prohibición de la minería de criptomonedas en el país se produce en un momento en que el precio del bitcoin, una de las criptomonedas que por defecto se obtiene de los equipos especializados, alcanza los 30.000 dólares, al momento de escribir este artículo.
Por su parte, el golpe de la corrupción llega también en un contexto complejo por razones geopolíticas. Los problemas relacionados con Estados Unidos se han visto entremezclados con un momento de baja tensión con la administración de Biden. De hecho, el año pasado ya se habían suavizado las sanciones.
Ahora queda por ver si esto significa el fin de la apuesta de Venezuela por las criptomonedas o si solo se trata de una crisis que ha puesto patas arriba a todo el sector.
La prohibición del Estado venezolano de minar criptomonedas ya tiene cerca de 3 meses, por lo que muchos mineros con problemas de liquidez podrían cerrar, sostiene una nota de BloombergLínea.
Grupos mineros venezolanos estimaron que alrededor de 75.000 unidades de equipos fueron desconectados.
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