A 21 asciende el número de presos políticos con boleta de excarcelación emitida por los tribunales que llevan la causa y a quienes el Sebin se niega a liberar. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, aseguró que no existe ninguna justificación para que algún componente de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia, se niegue a cumplir con los dictámenes del Poder Judicial.
Aclaró que aunque no todas las órdenes de excarcelación contemplan libertad plena, si no una medida sustitutiva de libertad, como ocurre con el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goichochea.
Rosaura Valentini, esposa de Goicochea, expresó que la boleta de excarcelación del activista político fue emitida por el Tribunal 21 del Área Metropolitana luego el Ministerio Público no presentara ninguna acusación.
“Transcurrieron 45 días y no hubo un acto conclusivo por parte del Ministerio Público, el tribunal emitió una medida de libertad que fue llevada al Sebin y no la recibieron. Mi esposo tiene 7 meses detenido y desde hace 5 debió salir en libertad. Ninguno de los recursos introducidos en su defensa han tenido algún efecto porque el tribunal no abre despacho desde diciembre”, expresó Valentini.
Romero también hizo mención a caso del twitero, Marcos Rada, preso desde el 28 de septiembre y acusado por lo de delitos de terrorismo, quien también recibió ese beneficio procesal, pero no pudo aprovecharlo. “Su caso es insólito. Recibió una medida de libertad condicional y debía presentarse mensualmente ante los tribunales, y como no lo hizo, porque nunca salió de la prisión, le revocaron la boleta de excarcelación”.
El concejal de San Cristóbal, José Vicente García, detenido el 18 de octubre del 2016, recibió una medida sustitutiva de libertad hace dos meses. Debió abandonar la sede del Sebin en la capital tachirense, pero las autoridades se han negado a ponerlo en libertad.
La diputada a la Asamblea Nacional, Sonia Medina, aseguró que la emisión de la orden de excarcelación confirma que no existen elementos de peso para que el edil continúe detenido. Recordó que las verdaderas razones para su privación de libertad se remontan al 2015 cuando el dirigente político llevó a cabo una huelga de hambre en el Vaticano para exigir que se realizaran las elecciones parlamentarias.
Resaltó que la negativa del Sebin, órgano adscrito a la vicepresidenta de la República, demuestra cómo el gobierno irrespeta decisiones de los tribunales cuando las sentencias no los benefician.
“Esto ocurre porque no hay separación de poderes. Las instituciones están secuestradas y el aparato de justicia se rige por órdenes emanadas de Miraflores y el PSUV. El Sebin lo único que hace es cumplir con todo lo que diga Nicolás Maduro, mientras que los fallos de los tribunales pasan a un segundo plano cuando no le favorece”, señaló la parlamentaria.
En relación con el caso de Eduardo García, detenido el 7 de mayo de 2014. Cuenta con su pase a la libertad desde el 10 de marzo emitida por el Juzgado Cuarto de Juicio del estado Zulia.
Carlos González, director legal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, que luego de agotadas todas las vías y de conceder un tiempo prudente de espera, interpusieron una acción de amparo contra el Sebin –en la modalidad de habeas corpus– en el Tribunal noveno de control de Maracaibo.
García es la única persona en Zulia que continúa detenida por las protestas de 2014. Le imputaron los delitos de instigación para delinquir, intimidación pública e incendio en grado determinador. Se lo llevaron detenido junto a otras dos personas que ya fueron liberadas.
En este grupo de presos con boleta de excarcelación también se encuentran los funcionarios de Polichacao acusados de estar involucrados en el asesinato del periodista Ricardo Durán.
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Por Confirmado: Gabriella Garcés
