Fue el Sebin. Las averiguaciones contra Concesionario La Venezolana empezaron por la propia policía política, según se lee en la causa penal MP-129603-2014 que reposa en la Fiscalía Tercera de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Varios de los afectados llevaron el caso al Ministerio Público y entonces intervino el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Los Teques, a cargo de su comisario jefe, Norma Arévalo.
Además del restaurante El Padrazo y la dulcería Pink Cake Lui’s, ubicados en el Centro Comercial La Casona de la Panamericana, el Sebin investiga otras dos sociedades mercantiles relacionadas con los socios, cuyos expedientes comerciales están en custodia del Registro Mercantil Tercero del Distrito Capital y el estado Bolivariano de Miranda.
El Gobierno intervino el concesionario el pasado 17 de mayo. Ese día, el jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, señaló que los carros exhibidos entraron al país desde Colombia con régimen turístico. Tres meses antes, en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre ya habían prendido las alarmas: la consultora jurídica de ese organismo, Yuris Jaramillo, pidió el 6 de febrero todos los recaudos del concesionario.
La Venezolana no podía ser un desconocido. Entre los tantos avisos que publicaron, el 12 de noviembre de 2013 no solo se dirigieron a la «opinión pública» sino también a los «entes gubernamentales del Estado», para definirse como una «empresa de capital privado que sintió la necesidad de invertir» y que aprovechando la «visión» que tuvo el Presidente Hugo Chávez de abrir el mercado venezolano a China, suscribieron acuerdos con empresas de esa nación.
En Indepabis también recibió tres denuncias entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, archivadas con los códigos 006685, 004203 y 008202. Si eso no es suficiente, entre junio de 2013 y marzo de 2014 registraron ante el Seniat ingresos que suman más de 74 millones de bolívares.
Exonerados del IVA
Aun sin licencias de importación ni registros ante Cadivi y el Cencoex, en diciembre fueron exonerados de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre 36.280.105,43 bolívares, lo que varios expertos tributarios consultados asumen como una venta o un servicio ofrecido al Estado.
No en vano los accionistas registraron en las páginas de su registro mercantil un vínculo con Pdvsa. «Estos compromisos en relación a la suscripción de un contrato con Pdvsa», apuntaron el 6 mayo de 2013 mientras modificaban algunas de sus cláusulas para constituirse como una Empresa de Producción Social. «El Programa de Empresas de Producción Social de Pdvsa está compuesto por un conjunto de acciones vinculadas a la participación activa del capital privado en las contrataciones que realiza Pdvsa y sus filiales encaminadas al desarrollo económico y social del país», añadieron.
Algo luce mal en esta historia. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el 17 de mayo manifestó sus dudas. «Tenía meses esa empresa haciendo publicidad en los medios de comunicación», dijo. «Incluso emitiendo comunicados a favor del Gobierno nacional en los momentos estos de febrero, marzo, cuando el golpe de Estado estaba en su momento de clímax».
Para el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, el Gobierno tiene responsabilidad: «Sólo que haya estado en Fuerte Tiuna ya uno relaciona que es parte estatal porque General Motors no puede ir a vender sus carros en estas instalaciones».
El Ministerio Público ha procesado más de 2 mil reclamos y no descarta que sean más de 6 mil los estafados. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, recordó ayer que congelaron las cuentas de la compañía, además de otras medidas. «Ojalá podamos restituir todo el dinero de las personas».
JOSEPH POLISZUK , ROBERTO DENIZ | EL UNIVERSAL
