Una iniciativa ciudadana, que contó con el respaldo de 3 millones de firmas, es una de las pocas alternativas con la que cuenta para evitar su salida.
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Parece que poco a poco se le acaban los recursos a Uber para mantener su operación en el país.
Este martes, la comisión Sexta de la Cámara de Representantes discutió un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, el cual contó con el respaldo de más de tres millones de firmas, con el que buscan evitar su salida del país.
Sin embargo, la discusión en el Congreso fue aplazada y por ahora hay incertidumbre sobre si pasará o no. Lo cierto es que el panorama no luce favorable para la aplicación.
“Es muy desafortunado que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidiera ignorar la voz de más de 3 millones de Colombianos, que ejercieron su derecho democrático de proponer nuevas leyes que les aseguren alternativas innovadoras e incluyentes para atender su necesidad diaria de transportarse; y que a la vez son una oportunidad para frenar la congestión, la polución y la escasez de espacio público en las ciudades colombianas. Respetuosamente solicitamos a la Cámara de Representantes reconsiderar este Proyecto de Ley y escuchar a los millones de ciudadanos que apoyan el transporte privado por medio de aplicaciones”, señaló Uber, al término de la audiencia en el Congreso, lo que demuestra que es muy probable que la iniciativa sea archivada.
Como si esto fuera poco, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en sus manos la decisión de bloquear la plataforma tecnológica, iniciativa que no ha sido vista con buenos ojos por miles de persona, entre ellas los emprendedores, que señalan que podrían verse afectados de una u otra manera.
Sin embargo, la aplicación no pierde aún la esperanza. Si bien, el panorama no luce favorecedor en el Congreso, tampoco se descarta que pase, ya que la solicitud tuvo un concepto favorable por la Superintendencia de Industria y Comercio.
De acuerdo con esta entidad, “en algunos aspectos, la propuesta legislativa es positiva para promover la libre competencia económica en el servicio privado de transporte”.
Para la SIC, “exigir que estas plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones que faciliten la solución de fallas” .
Por ahora, la incertidumbre sobre la presencia de la aplicación en Colombia persiste.
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