Juan Manuel Santos cede este martes el testigo después de dos legislaturas centradas en lograr la paz con las FARC. Tras gobernar ocho años, el presidente de Colombia deja un legado en el que todo su proyecto de modernización gira en torno a los acuerdos de noviembre de 2016 con la guerrilla. El proceso queda en manos de su sucesor, Iván Duque, quien prometió corregir lo pactado, sobre todo en lo que respecta al sistema de justicia transicional y a la participación de los excombatientes en política. “Cuiden la paz, defiéndanla”, ha pedido Santos.
El mandatario saliente, político moderado y representante del establishment, se propuso, cuando asumió el cargo en 2010, unir a Colombia alrededor de la paz. Lo logró solo en parte, puesto que la sociedad sigue profundamente dividida sobre los términos de ese acuerdo alcanzado en las negociaciones en La Habana. No obstante, pese a las críticas sí puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Las FARC hoy ya no existen, se constituyeron como partido político y dejaron las armas. La desmovilización de 11.000 guerrilleros —según cálculos del Alto Comisionado para la Paz— no ha impedido que la llamada implementación haya sufrido retrasos y se haya convertido en una carrera de obstáculos.
En este contexto, Santos agota su mandato con un grado de impopularidad que ronda el 60%, alimentada principalmente por los sectores críticos con la paz que se referencian en el expresidente Álvaro Uribe.
El mandatario colombiano asegura que no le importa y está convencido de haber actuado de forma correcta. Es probable que la historia le juzgue con más generosidad y que sus compatriotas dentro de unos años sean capaces de valorar sus logros con mayor frialdad y perspectiva. En cualquier caso, antes de abandonar la Casa de Nariño, Santos se ha empleado en transmitir dos mensajes. En primer lugar, que el proceso de paz es irreversible en sus aspectos centrales. Y, en segundo lugar, que con esa premisa todos los implicados deben aspirar a la reconciliación.
Asignaturas pendientes
“Esta es la paz que dejamos en plena construcción, que no es mía ni de mi Gobierno, sino de todos los colombianos”, afirmó el mandatario hace dos semanas en la sesión inaugural de la legislatura. “Y estos son algunos de sus resultados más visibles: miles de vidas salvadas, miles de víctimas y heridos que ya no se producen, más inversión, más turismo, más trabajo, más recursos naturales protegidos, más progreso en el campo”, agregó antes de dirigirse a su sucesor. “Por eso hoy les digo: cuiden la paz que está naciendo. Cuídenla. Defiéndanla. Luchen por ella. Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos. Porque Colombia merece vivir en paz”, dijo.
En julio, los colombianos asistieron a dos fotografías históricas. Primero, la cúpula de la antigua guerrilla encabezada por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, para responder por secuestro sistemático. Una semana después, algunos de esos excombatientes entraron oficialmente en las instituciones. Sin embargo, quedan varias asignaturas pendientes, empezando por el irresuelto problema de la violencia. El conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas conversaciones aún no han registrado avances significativos; los grupos disidentes de las FARC; el narcotráfico y el aumento de los cultivos de hoja de coca, que el año pasado superaron las 200.000 hectáreas, un nuevo récord. A eso se suma el insoportable goteo de asesinatos de líderes sociales, uno cada tres días desde la firma de la paz.
En política exterior, Santos recabó el apoyo de los principales actores de la comunidad internacional para el desarrollo de los acuerdos de paz y, en el último año y medio, se centró en la oposición al régimen de Nicolás Maduro. La deriva de Venezuela y la huida de alrededor de un millón de ciudadanos a Colombia, con la que comparte más de 2.200 kilómetros de frontera, contribuyó a tensar las relaciones bilaterales.
Pero los constantes insultos del dirigente bolivariano, que el sábado llegó a acusar al presidente colombiano de intento de asesinato, han llevado en los últimos días a una ruptura de facto entre los dos países. Este será otro de los retos que tendrá que asumir Duque, quien se propone unir a los Gobiernos de la región para redoblar el aislamiento del sucesor de Hugo Chávez.
