En la práctica y por sus efectos, la Orden Ejecutiva decretada este lunes por Obama contra Venezuela es casi idéntica a la que firmó el expresidente Bill Clinton en 1995 y que dio vida a lo que hoy se conoce como la temida Lista Clinton.
En octubre de ese año, Clinton autorizó la Orden Ejecutiva 12978 para hacer frente a una “amenaza para la seguridad nacional” que planteaba el narcotráfico que operaba en Colombia.
Aunque inicialmente solo se enfocó en narcos colombianos y sus redes, luego se expandió a otros países. Hoy día la lista incluye cientos de personas, desde narcos puros, hasta lavadores de dólares, testaferros, paramilitares y miembros de las Farc.
En otras palabras de ahora en adelante se comenzará a hablar de la ‘Lista Obama para Venezuela’.
Ambas, de hecho, comparten el mismo lenguaje pues se refieren a “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” y otorgan poderes al Departamento del Tesoro para congelar activos y bloquear transacciones financieras de las personas que sean señaladas.
Como todas las órdenes ejecutivas, la de este lunes tendrá que ser autorizada de nuevo cada año para que permanezca en vigencia e independientemente de quién esté en la Casa Blanca. En el caso de la Lista Clinton, por ejemplo, ya van dos presidentes (George Bush y Obama) que la expidieron sin tregua a lo largos de sus mandatos.
La diferencia entre las dos está en las motivaciones para expedirla y los criterios para ingresar a la lista de sancionadas, que, como la Clinton, también prevé la inclusión de empresas o entidades del Estado.
En el caso de la primera, el enemigo era el narcotráfico y todo lo que tocara con sus tentáculos. En Venezuela, el agresor es el gobierno de Nicolás Maduro y su violación sistemática de los Derechos Humanos.
Según el texto, ingresarán en la lista -luego de una consulta entre los departamentos del Tesoro y Estado- personas responsables de acciones que debiliten el proceso democrático o las instituciones. Así mismo aquellos involucrados en actos de violencia o conductas que constituyan abusos a los derechos humanos, incluyendo los tomados contra personas involucradas en las marchas contra el gobierno que arrancaron en febrero de 2014.
También los inmiscuidos en acciones que limiten, penalicen o prohíban la libre expresión y la protesta pacífica, al igual que la corrupción política.
En otras palabras se trata de un margen amplio en el que cabrían personas no solo del gobierno sino de muchas instituciones como las Fuerzas Armadas, el Congreso y la rama judicial.
Fuente: El Tiempo
