Más de quinientas toneladas de azúcar La Llovizna, algunas de ellas en mal estado, fueron encontradas en el establecimiento Empaquetadora Socialista Gómez Flores, ubicada en la UD-321 de Puerto Ordaz.
La fiscalización del lugar arrancó el lunes y prosiguió este martes con el intendente de Protección de los Derechos Socio Económicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundee), el mayor general, Luis Motta Domínguez y el ministro de Estado y presidente de CVG, Carlos Osorio.
Las autoridades indicaron que la empresa usaba una “fachada” pues en las afueras se exhibían vallas de identificación donde aparecía el presidente Hugo Chávez con el gobernador Francisco Rangel Gómez. También había logos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), Hecho en Socialismo con su respectivo corazón y la Corporación Venezolana Agraria (CVA).
La compañía fundada en 2011, además de la apariencia socialista recibió financiamiento del Estado a través de la CVA y de la Gobernación que le otorgó a pocos meses de sus inicios 462 mil bolívares.
Los resultados de la fiscalización fueron dados a conocer en pase al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional. Las imágenes mostraron sólo una parte de la empresa, y en ella se omitió la figura de las vallas donde aparecían el gobernador y el desaparecido Chávez. Tampoco se dijo que había recibido dinero estatal.
Motta Domínguez indicó que se trata de una “empresa privada que ha usado esta fachada pensando que la mano de la fiscalización no le iba a llegar… en diciembre recibieron 309 toneladas de azúcar y a pesar de los exhortos hechos por usted en noviembre-diciembre dieron vacaciones colectivas, y no vamos a hablar del perjuicio al trabajador porque pudieron haber pagado un turno extra, sino que a pesar de las vacaciones siguieron recibiendo azúcar hasta acumular 519 toneladas”.
Detalló el funcionario que el promedio de consumo mensual estadal es de 2.500 toneladas de azúcar, por lo tanto “aquí tenemos un 20% del consumo acaparado, entonces no llegan a los anaqueles”.
Prófugo de la justicia
El artículo 54 de la Ley de Costos y Precios Justos, el cual establece cárcel de 12 años así como una multa máxima de 50 mil unidades tributarias, será aplicado a la empresa.
“Le vamos a aplicar además las agravantes estipuladas en el artículo 65, que es grave delito ante la población crear la zozobra, y la cantidad de víctimas aquí estamos viendo en flagrancia. De aquí va para prisión, estamos solicitando que se libre la respectiva orden de captura de este ciudadano que no ha dado la cara y por supuesto no ha dado la cara porque sabe que está enredado”, dijo Domínguez.
También en el procedimiento se aplicó el artículo 58 vinculado al monopolio, pues la venta del endulzante era presuntamente condicionada, “se dan el tupé de decidir a quién distribuyen”, dijo Motta Domínguez, al tiempo que abandonaba el set de grabación para encaramarse sobre unos sacos de azúcar y mostrar cómo, al cortar éstos, el producto salía con un color negruzco aduciendo que ésta estaba “vencida”. Expresó el funcionario que gran parte del producto era enviado al sur de la región y hacia las zonas donde se practica la minería ilegal y por esas vías sacado del país a la frontera.
Sobre la empresa
La Empaquetadora Socialista Gómez Flores fue fundada el 6 de abril del 2011, de acuerdo con su propia página web http://empaquetadorasocgomezfloresca.amawebs.com. Carlos Flores, presidente de la empaquetadora, declaró para aquel entonces que “el sector capitalista no nos volverá a golpear y aquí no faltará este rubro; tenemos una sola línea, cumplir con la soberanía alimentaria y ahora los consejos comunales serán los que controlarán el azúcar en el estado”.
En septiembre del 2011, mismo año del inicio de operaciones, la Gobernación del estado le entregó 462 millones de bolívares para “incrementar la capacidad de empaquetado, aumentar el número de empleados fijos e incluir otros rubros en el sistema de comercialización”.
En el acto estuvo presente el primer mandatario regional Francisco Rangel Gómez, que declaró “esta acción está enmarcada en la política del presidente Hugo Chávez, referente a la seguridad alimentaria y desde el gobierno regional nos sumamos a la lucha, porque apoyando a las empresas socialistas estamos combatiendo la especulación”.
En el Registro Nacional de Contratistas la empresa aparece reseñada como “suspendida” conforme a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas que se refiere a la “obligación de actualización de datos anualmente”.
En las declaraciones emitidas a varios medios y publicadas en internet por el presidente de la empaquetadora, Carlos Flores, se detallan acusaciones sobre “mafias del azúcar” en las que señalaba a determinados funcionarios en favorecer la distribución del producto hacia Lara y no al oriente, donde su empaquetadora era la única existente.
Investigaciones en curso
El coordinador regional de la Sundee, Milton Bracamonte, aseguró que pese a la apariencia de la empresa, inclusive los paquetes de azúcar La Llovizna dicen “gestión Francisco Rangel Gómez”, esta es privada, por lo que será el Ministerio Público el que se encargará de determinar el porqué ésta tenía en sus fachadas los logos de entes oficiales y empacaba bajo la figura de “Hecho en Socialismo”.
Castigo para El Castillo
La tienda El Castillo, ubicada en La Hoyada, Caracas, fue ocupada temporalmente por reincidir en irregularidades económicas, como lo establece la Ley Orgánica de Precios Justos.
La información fue suministrada este martes por el ministro para Industrias, Wilmer Barrientos, quien manifestó: “Hemos hecho una revisión de los precios, las facturas y hemos encontrado inconsistencias, además, cuando pedimos la información necesaria para constatar si se están haciendo como se deben, se negaron”.
La recién promulgada Ley Orgánica de Precios Justos establece en su artículo 45 que una sanción aplicable por no suministrar información necesaria es la ocupación del establecimiento comercial por un lapso de 180 días.
Además, fueron identificados artículos registrados con el mismo código y con precios diferentes, “lo cual amerita una investigación por parte de la Superintendencia de Precios Justos”, añadió. El ministro indicó que la inspección fue realizada tras recibir denuncias por parte de las comunidades cercanas y empleados de la tienda.
Correo del Caroní
