El Partido Socialista, en el poder en España, no aceptará «nunca jamás» un referéndum de autodeterminación en Cataluña, reivindicación principal del ejecutivo regional independentista con el que Madrid debe retomar las negociaciones en septiembre, aseguró el miércoles el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez.
“No habrá referéndum de autodeterminación”, afirmó el mandatario ante el pleno del Congreso de los Diputados, agregando que el Partido Socialista, del que es secretario general, “nunca jamás aceptará ese tipo de derivada”.
Para que pudiera llevarse a cabo un eventual referéndum de autodeterminación legal sería necesario que “quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Y, posteriormente, los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum”, explicó el presidente.
Una reforma así de la Constitución resulta ahora imposible ya que las tres primeras fuerzas políticas en la Cámara (los socialistas, conservadores del PP y la extrema derecha de Vox) se oponen a ello.
Las declaraciones de Sánchez llegan un día después de su primer encuentro oficial con el nuevo presidente regional catalán, el independentista moderado Pere Aragonès.
Tras la esperada reunión, Aragonès anunció que la mesa de diálogo entre Madrid y el ejecutivo separatista regional, destinada a encontrar una salida a la crisis en Cataluña, se retomará en la tercera semana de septiembre.
Los independentistas tienen como reivindicación principal la celebración de un referéndum de autodeterminación en esta región del noreste de España, de 7,8 millones de habitantes.
“Tendrá que haber un referéndum; si no, el conflicto va a perdurar”, dijo Aragonès este miércoles en un encuentro con la prensa, en el que lamentó que “de momento, no hay propuesta” por parte del gobierno español más allá de negarse a esa consulta vinculante sobre la independencia.
El dirigente regional dejó también claro que la intención del gobierno de Sánchez de cederle más competencias a Cataluña y favorecer las inversiones en infraestructuras en la región es muy bienvenida, pero “no serviría para resolver el conflicto político que hay de fondo”.
En octubre de 2017, el gobierno regional que presidía el separatista Carles Puigdemont organizó un referéndum ilegal, seguido semanas más tarde de una declaración unilateral de independencia.
El gobierno español, en manos entonces de los conservadores, reaccionó destituyendo al gobierno regional e interviniendo su autonomía.
En un gesto de “reconciliación”, el gobierno de Pedro Sánchez indultó la semana pasada a los nueve dirigentes independentistas que habían sido condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por su papel en el intento fallido de independencia.
