«Pido al señor vicepresidente (Elías Jaua) que aceleremos la instalación del Consejo de Estado y lo primero que le voy a pedir es un estudio para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta espada de Damocles?”, expresó el propio Hugo Chávez a finales de abril de 2012 en una alocución pública. Una amenaza que se concreta esta semana, en el gobierno de Nicolás Maduro.
La tesis de que la CIDH está parcializada es una vieja rencilla del gobierno de Chávez. “Este es un país democrático y nadie puede venir a dictarnos clases de derechos humanos”, dijo a mediados de mayo de 2012 el propio representante venezolano ante el organismo, Germán Saltón. Recordó el argumento que ha esgrimido el oficialismo reiteradamente, donde acusa a las actuales autoridades de la Corte Interamericana de haber enviado, en abril de 2002, una comunicación apoyando al gobierno de Pedro Carmona que se instaló tras el golpe de Estado.
Venezuela ha dicho ante la CIDH que en los 13 años del gobierno de Chávez se han presentado al menos 45 casos de denuncias en materia de derechos humanos (DDHH), de los que se han admitido al menos 20 de ellos. Criticó, en contraparte y como una de las razones para argumentar la parcialización de la instancia, que en las administraciones previas a 1998 solo recibieron ocho acusaciones.
Para la organización no gubernamental Provea el largo período de gobierno del presidente Chávez ha coincidido con una proliferación de ONG en el país y una mayor promoción de las actividades de la CIDH, por eso es que -explican- se han presentado más denuncias en la actualidad que en las administraciones anteriores. Lo cierto es que, a juicio del grupo de DDHH, aunque los sucesos iniciales -como El Caracazo o El Amparo- no se produjeron en la revolución bolivariana, la omisión del Estado los convierte en responsables.
Argumento
Nicolás Maduro, cuando era canciller de Chávez, aseguró que existen países que han salido con éxito de la CIDH “y continúan la vida, incluso mejor”. En el hemisferio, solo Estados Unidos, Cuba y Canadá están sin el fuero de la instancia.
El abogado Oswaldo Cali, integrante de la ONG Espacio Público, advierte que, de cumplirse la amenaza, el Estado continuaría teniendo un compromiso con el organismo internacional. De acuerdo con el artículo 78 de la Convención Americana de DDHH, la salida de Venezuela no podría tener como efecto “desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.
Jesús Sotillo, profesor universitario y columnista del diario oficialista Ciudad CCS, se explaya en la tesis del Ejecutivo: «Estamos frente a esa gran paradoja e hipocresía de la política norteamericana. Ellos no son signatarios de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero la sede donde funciona la Corte Interamericana se encuentra en Washington, y además pagan muchos de esos funcionarios, porque de esa manera, sin ser miembros, pueden manejar los resortes del poder para controlarla y ponerla a su servicio».
A juicio de Sotillo, desde que Venezuela inició el proceso de separación «se aceitaron los mecanismos de estas estructuras internacionales para, desde allí, boicotear el desarrollo soberano de nuestro país y de otros países de nuestra región que abrazan o simpatizan con la causa del socialismo».
Tras las sentencias
Por acción o por omisión, el Estado venezolano -incluyendo la administración de Chávez- ha estado involucrado en violaciones a los derechos humanos. Es que, incluso, casos que se produjeron mucho antes de la llegada de la revolución bolivariana no han conseguido justicia en estos casi 15 años en el poder. “Allí (en la CIDH) al menos se nos escucha”.
La afirmación, casi resignación, es de Carlos Barreto, familiar de uno de los privados de libertad desaparecidos en el retén de Catia durante el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992. “El Estado venezolano ha sido irresponsable. No hemos obtenido respuesta, pese a que se produjo una decisión”, explica. La investigación que adelantó la ONG Cofavic da cuenta de la desaparición de al menos 63 reos en circunstancias no aclaradas, pues integrantes de la Guardia Nacional habrían dicho -tras escuchar la noticia de la insubordinación militar- que los prisioneros estarían en libertad y dispararon masivamente contra la población.
Este caso fue elevado a la CIDH, que sentenció que el Estado tenía la obligación de encontrar y darle “cristiana sepultura” a los privados de libertad desaparecidos, pero hasta la fecha no se ha cumplido esa disposición. Con la decisión sobre el retén de Catia ocurre lo mismo que con la Masacre de El Amparo y El Caracazo. En este último, el gobierno del presidente Chávez cumplió parcialmente con el pago de indemnización a los familiares de las víctimas, pero no se continuó con una investigación imparcial para conseguir a los culpables.
Petición de Chávez
«Lo primero que voy a pedir es un estudio para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre CIDH», fueron las palabras de Hugo Chávez, expresidente de la República, en el año 2012, con las que se dio inicio al proceso de salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: La Verdad
