Silencio absoluto. Eso es lo que reina sobre cualquiera de las actuaciones de la defensa del comisario Iván Simonovis. Recurrir a la intervención del ámbito diplomático, eclesiástico o celestial sería la última instancia. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tampoco se ha pronunciado en torno de la solicitud de avocamiento que introdujo el abogado José Luis Tamayo el miércoles 26 de marzo. Una semana después ni siquiera se decide su admisión.
El profesional del derecho reconoció que no existe lapso establecido en la normativa legal que fije el tiempo para el pronunciamiento en casos de solicitud de avocamiento. “Cuando no hay lapso establecido se hace vía jurisprudencia. En este caso se toma en cuenta el lapso establecido para el recurso de amparo constitucional que es de 96 horas”. En base a ese contexto, este martes debió vencer el lapso, por lo que la Sala Constitucional debió emitir pronunciamiento ayer miércoles.
Tamayo explicó que de no existir pronunciamiento de la Sala Constitucional, no quedaría instancia para ejercer otro recurso en el país. Recordó que los procesos en instancias internacionales son tardíos y que ya no podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la única opción sería la Organización de Naciones Unidas. “A esto nos referimos cuando decimos que Simonovis está en el limbo jurídico”.
El litigante aseguró que de no haber respuesta, el lunes ratificarán la solicitud de avocamiento. La acción la llevarían a cabo cuantas veces fuese necesario “así sea mediante una huelga de hambre”. Tamayo destacó que podrían solicitar la intervención de la iglesia u otras instancias, en virtud de que la defensa agotó los recursos correspondientes al ámbito jurídico. “Quedaría recurrir al ámbito diplomático, eclesiástico o celestial”.
Tamayo recordó que solicitaron el avocamiento de la Sala Constitucional del TSJ ante la falta de pronunciamiento de los tribunales de Aragua. Recordó que hace casi nueve meses solicitaron la medida humanitaria a favor de Simonovis. No hay pronunciamiento de la jueza I de Ejecución de Aragua, Ada Marina Armas. La omisión en cuanto a acordar o negar la medida obligó a la defensa a intentar un recurso de amparo constitucional, por considerar que se estaban violentado garantías o principios fundamentales.
El Carabobeño
