Venezuela sufre el desplome de los ingresos provenientes del petróleo, una escasez generalizada, la disminución de las reservas de divisas y una contracción económica que podría ascender a 8% este año. Sin embargo, el país pagará el viernes más de US$1.500 millones a los tenedores extranjeros de bonos.
A pesar de los frecuentes ataques del gobierno de izquierda a los países “imperialistas” como EE.UU., Venezuela no ha dejado en ningún momento de honrar su deuda con Wall Street.
La razón detrás de la decisión de mantenerse al día en los pagos, según analistas y funcionarios, es que de no cancelar sus deudas el país podría perder control de la empresa de energía estatal Petróleos de Venezuela SA, más conocida como PDVSA. El gigante petrolero proporciona casi todas las divisas extranjeras que el país utiliza para importar desde leche a repuestos de maquinaria.
Representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro se reunieron este mes con inversionistas internacionales para asegurarles que el país hará todo lo posible para seguir pagando la deuda, aunque eso signifique recortar importaciones que se requieren desesperadamente, como alimentos y medicinas, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones. El martes, el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, aseguró públicamente a legisladores venezolanos que “el Estado va a cumplir su deuda”.
“Es una situación un tanto extraña ver a este gobierno latinoamericano, socialista, de izquierda, priorizar el pago a los acreedores extranjeros por sobre las importaciones para la población en general”, dijo Sarah Glendon, responsable de investigación soberana para Gramercy Funds Management LLC, que gestiona unos US$6.000 millones.
Hay precedentes de incautaciones de este tipo de bienes luego de una cesación de pagos. En 2012, un fondo de cobertura de Nueva York logró que un juzgado de Ghana retuviera un buque de la armada de Argentina anclado en el país africano como parte la disputa sobre la deuda impaga. Posteriormente, un tribunal de Naciones Unidas ordenó que la embarcación fuera liberada.
Este mes, el entonces zar económico venezolano, Luis Salas, sugirió en una reunión de gabinete la posibilidad de una cesación de pagos. Su posición fue rechazada por el resto del gabinete, que mencionó los riesgos que la medida representa para la industria petrolera del país, según varias personas familiarizadas con el incidente. Varios días después, Salas renunció a su cargo.
Moody’s Investors Service prevé que los ingresos de Venezuela por exportaciones de petróleo caerán 40% este año, frente a 2015, a US$22.100 millones, basado en los precios actuales del crudo. El precio de referencia que se cotiza en EE.UU. ha descendido 48% desde junio pasado.
Cualquier interrupción del flujo de caja podría agravar los problemas de Venezuela. Con una inflación de tres dígitos y escasez de alimentos y medicamentos, el país ha empezado a racionar el agua potable e intensificado los apagones.
“Seguimos pensando que las personas que se encuentran actualmente a cargo sólo están motivadas para mantener el pago de la deuda porque es la única manera de que pueden hacer que siga funcionando esta farsa de país”, dijo AJ Mediratta, copresidente del gestor de activos Greylock Capital Management LLC.
La deuda del gobierno venezolano y de PDVSA asciende a US$120.000 millones. Dos tercios de esa deuda están en manos de fondos de mercados emergentes.
Numerosos analistas e inversionistas cuestionan la capacidad de pago de Venezuela más allá del viernes. Las preocupaciones en torno a una posible cesación de pagos han disparado el costo de asegurar la deuda en las últimas semanas. Inversionistas y analistas asignan una probabilidad de incumplimiento de 85% dentro del próximo año.
En su esfuerzo para cumplir sus compromisos con los bonistas, el país está gastando las reservas del banco central y reduciendo drásticamente las importaciones. Las reservas disminuyeron a US$14.560 millones el viernes, su menor nivel de los últimos 13 años, y acumulan una caída de US$1.800 millones desde comienzos de año. La cantidad de dólares aprobada para importaciones fue de apenas US$106 millones en enero, una reducción de 87% respecto al mismo mes del año anterior, según datos del gobierno obtenidos por The Wall Street Journal.
Si los precios del petróleo siguen por los suelos y el gobierno no realiza cambios significativos en su política económica, Venezuela enfrentará este año una brecha de financiación de alrededor de US$30.000 millones, calcula Siobhan Morden, directora general de Nomura Securities International. “La estrategia parece ser continuar con el statu quo, cruzar los dedos y esperar que los precios del petróleo suban”, aseveró. “Y los números no cuadran”.
Al menos un ejecutivo de PDVSA ha dicho públicamente que el gobierno estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de reestructuración con los tenedores de bonos en lugar de dejar de pagar. Pero Morden y otros dijeron que es poco probable que los acreedores se sienten a negociar sin ver un plan económico viable.
Venezuela ha dejado de pagar otros tipos de deuda. Según Ecoanalítica, una consultora de Caracas, a finales de 2015 el gobierno debía US$31.000 millones a empresas privadas tales como líneas aéreas, proveedores de alimentos y farmacéuticas.
PDVSA es responsable de gran parte de la deuda de Venezuela. Pero ninguno de los bonos de la petrolera contiene cláusulas de acción colectiva que obliguen a todos los tenedores de bonos a aceptar los términos de una reestructuración acordada con el 75% de los bonistas. La ausencia de dichas cláusulas podría desencadenar una desordenada y prolongada batalla con los tenedores de bonos que pueden optar por esperar a recibir un pago mayor, como lo ocurrido con Argentina tras la cesación de pagos de 2001. Desde entonces, Argentina se ha visto envuelta en un litigio con algunos acreedores; el miércoles trascendió que el gobierno argentino y los principales acreedores estaban más cerca de un acuerdo.
Otro tema que complica la situación venezolana es que algunos de los bonos a corto plazo están en manos de inversionistas y fondos de pensiones nacionales, por lo que es difícil para el gobierno no cumplir con las obligaciones sin provocar descontento en el país.
Con la promesa de cambios económicos, una coalición de partidos opositores obtuvo una mayoría en el Congreso unicameral de Venezuela en las elecciones de diciembre. Pero sus esfuerzos reformistas han sido bloqueados por el Tribunal Supremo, que simpatiza con el partido gobernante.
Fuente:bancaynegocios.com
