Según Tarek William Saab, la Fiscalía ha imputado a 1.448 funcionarios de seguridad del Estado «lográndose 292 sentencias condenatorias» por violaciones de derechos humanos con penas de hasta 28 años. En Venezuela la pena máxima son 30 años.
Venezuela rechazó este lunes las conclusiones de un informe de una Misión Internacional Independiente de la ONU que da cuenta de «crímenes de lesa humanidad» presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.
«Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas», dice un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.
El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, denuncia al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por la supuesta represión de disidentes «mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad».
El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó el «uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía» de países.
Venezuela considera que este «nuevo pseudo informe» carece de «sustento metodológico» y busca «seguir atacando a las instituciones venezolanas» como parte de la estrategia criminal de «cambio de régimen» que se impulsa desde Estados Unidos «con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo».
La misión, que ya presentó dos informes –en 2020 y en 2021– haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, «continúan hasta hoy».
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Los expertos sostienen que sus conclusiones se fundamentan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
En desacuerdo con los señalamientos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que «al revisar el contenido de los informes se comprueba que se basan principalmente en fuentes de internet».
– Sentencias a agentes –
Saab dijo que mientras el trabajo de los integrantes de esta misión se hace a distancia, «Venezuela viene trabajando en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos directamente en el país».
«En octubre de 2019 se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica que se ha venido ejecutando exitosamente y que se ha renovado hasta la actualidad», declaró Saab a la AFP.
El fiscal venezolano aseguró además que el Ministerio Público «ha brindado toda la información solicitada» a los delegados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
«Estos delegados han asistido incluso a audiencias de juicio para ver directamente el funcionamiento de nuestro sistema de justicia en casos de violaciones a derechos humanos», sostuvo Saab.
Indicó además que desde agosto de 2017 la Fiscalía ha imputado a 1.448 funcionarios de seguridad del Estado «lográndose 292 sentencias condenatorias» por violaciones de derechos humanos con penas de hasta 28 años. En Venezuela la pena máxima son 30 años.
A propósito de los cuestionamientos en materia de derechos humanos, el presidente Maduro recibió en Caracas al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y tras el encuentro, en marzo pasado, acordaron abrir una oficina del organismo en Venezuela.
Banca y negocios
