El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, anunció este lunes que designó a cuatro funcionarios para investigar lo ocurrido en Tumeremo “hemos comisionado a cuatro funcionarios, con el responsable de la delegación de Bolívar, para recoger las denuncias y nos unimos a la solicitud de una investigación imparcial que determine la verdad de los hechos y que se esclarezcan los hechos en función de la verdad que es lo que nos interesa a todos los venezolanos”.
Aseguró que ya han hecho contacto con algunos familiares de los mineros desaparecidos “Funcionarios nuestros que están en el lugar, han atendido a 10 familiares de los presuntos desaparecidos, para recabar información directa y nosotros como institución nacional de derechos humanos hemos solicitado que la investigación sea imparcial y objetiva”.
“He conversado con las autoridades competentes, con el gobernador de Bolívar, con el comandante general de la Guardia nacional y el del Ejército, me han comunicado que a partir del día sábado, cuando se hizo la denuncia, comisiones mixtas de la Fuerzas Armadas están en el terreno investigando sobre estos hechos. Desde la defensoría del pueblo le dimos instrucción a la delegación de la defensoría en el estado Bolívar para que investigara” dijo.
La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación para verificar la presunta muerte de un grupo de mineros que sus familiares reportan como desaparecidos desde hace tres días, lo que desató una protesta que mantiene cerrada la principal vía que comunica el sur del país con la frontera con Brasil.
Miembros de la policía judicial, fiscales y otras autoridades se trasladaron a la población de Tumeremo, del estado de Bolívar, para corroborar los presuntos hechos en los que habrían fallecido los mineros el 4 de marzo, indicó la Fiscalía General en un comunicado.
El diputado opositor Américo De Grazia dijo a The Associated Press que 28 mineros fueron reportados como desaparecidos por sus familiares luego de que no retornaron a Tumeremo el pasado fin de semana.
De Grazia señaló que testigos a los que entrevistó la víspera le relataron que los 28 mineros habrían sido asesinados en un remoto asentamiento minero por una banda de delincuentes que dirige un colombiano identificado como «El Topo» que trató de asumir el control de esa mina.
Los cuerpos de seguridad hasta el momento no han localizado a los mineros ni evidencias de los asesinatos, señaló el congresista.
«No estoy pidiendo que hagan justicia. Yo lo único que estoy exigiendo en este momento que por favor me entreguen el cuerpo de mi hijo para darle cristiana sepultura», dijo a AP Juan José Coello, padre de Ángel Ignacio Trejo Sosa, uno de los mineros desaparecidos.
Sobre la renovación del Decreto que señala a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, el defensor sostuvo que la “extensión del decreto del presidente Obama, la orden ejecutiva es una aberración jurídica de principio a fin que merece todo nuestro rechazo”.
A juicio del defensor, «es un decreto que contradice al propio presidente Obama que posterior a la Cumbre de Panamá reveló que Venezuela no era una amenaza para Estados Unidos, pero vean ustedes como tiempo después se le da una extensión por un año. Es un decreto que debemos condenar porque se ha firmado apenas ocho veces en la historia y ha sido el preámbulo a ocupaciones militares por parte de los Estados Unidos».
Sobre los ataque que recibieron el diputado Carlos Paparoni y la concejal del municipio Sotillo comentó “rechazamos las agresiones a ciudadanos, sean de cualquier tendencia política. Estamos en contra de la agresión ocurrida al parlamentario Carlos Paparopni al igual que una concejal en el municipio Sotillo. No pensamos que las agresiones sean hechos aislados u ocurridos de forma personal, cuya determinación recae en quien ha agredido. La rechazamos desde todo punto de vista, pensamos que quieres cometieron dichas acciones deben responder ante los órganos competentes”.
Saab también hizo un llamado a la unidad nacional “Venezuela hoy necesita de la unidad nacional, sobre todo los poderes públicos nacionales”.
Opinó que es preferible el debate sobre la violencia “cuando sustituimos el debate político por una vía antidemocrática hablaran las armas y esto le traerá a Venezuela daños irreparables. Ninguno de nosotros quiere este escenario y lo evitaremos para prevalecer los derechos humanos”.
“Quien le puede sacar ventaja a una confrontación de los poderes públicos son quienes no desean la paz en la nación venezolana” expreso.
Fuente: Panorama
