En tres días se cumple un mes de la detención de la activista por los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y de su exesposo y militar retirado Alejandro González de Canales. Hasta la fecha, no han sido trasladados al tribunal para que se ratifique la designación de sus abogados defensores.
Joel García, quien pertenece al equipo de abogados de su defensa, detalló que San Miguel se encuentra en estado de “indefensión e incomunicación”, al no tener acceso a un abogado de confianza, tal y como solicitaron sus familiares.
La defensora de derechos humanos se encuentra recluida en el Helicoide en Caracas y González de Canales en la cárcel Rodeo I, destacó García.
San Miguel fue acusada por la Fiscalía de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. El exmilitar González de Canales señalado por revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
“No sabemos a qué orden obedece que no se haya materializado el traslado de ellos a la sede del tribunal, porque pareciera que la autoridad no la tiene el juez, sino quienes están al frente de los recintos carcelarios donde los tienen”, opinó el abogado García.
El jurista también hizo referencia a que, precisamente porque no tienen acceso a sus abogados, ambos no han podido presentar los medios de prueba necesarios durante los 45 días que dura la fase de investigación tras la detención.
Recordó que se venció el lapso que había para impugnar o apelar la privativa de libertad, también por falta de defensores.
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