«No sabemos de donde vienen esos fondos (…) No tenemos pruebas de la ilicitud de esos fondos». De esta manera la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reconoció ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que su despacho no tiene evidencias que le permitan pedir el procesamiento del diputado opositor Richard Mardo por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales; y por ello pidió al máximo juzgado que la autorice a investigarlo a fondo.
La admisión la hizo la jefa del Ministerio Público durante la audiencia sobre la petición de antejuicio de mérito que interpuso contra el parlamentario en marzo pasado por las donaciones que habría recibido de empresarios.
La información la suministraron el legislador, su abogado defensor, Jesús Loreto; y otros asistentes a la salida del acto, pues al mismo no se le permitió acceso a los representantes de los medios de comunicación públicos ni privados.
«¿Si no hay pruebas qué hacemos aquí? ¿Pedimos un antejucio para seguir recabando pruebas contra Richard Mardo?», se preguntó el legislador.
Por su parte, su abogado informó que «reclamamos muy fuertemente durante la audiencia lo dicho por la Fiscal, quien trató de hacer ver que durante esta etapa no requiere ninguna prueba para que se declare que hay mérito para el enjuiciamiento de un diputado. Nosotros, por el contrario, hemos sostenido que la única manera para que él sea suspendido e inhabilitado para seguir ejerciendo el cargo que se cuente con suficientes elementos probatorios para desvirtuar la presunción de inocencia».
El penalista advirtió que la tesis Ortega Díaz sería peligroso. «Implicaría que un diputado pueda ser procesado por escupir. Escupir es un acto reprochable, pero no está establecido en ninguna norma jurídica como delito, pero se le podría procesar porque según ella en esta etapa no haría falta esgrimir pruebas».
Asimismo relató que la funcionaria le dijo a los 32 magistrados que no ha podido investigar a fondo a Mardo, debido a la inmunidad que lo ampara.
La versión de Loreto fue corroborada por el Ministerio Público en un comunicado enviado en la tarde de ayer, en el cual reportó que la Fiscal General explicó que «el antejuicio es un requisito previo para iniciar una investigación penal. Un alto funcionario no puede ser investigado si previamente no se declara el haber mérito para su enjuiciamiento».
No obstante, la funcionaria sí consideró que hay elementos para sospechar de Mardo y entre ellos mencionó el hecho de que éste no declara al Seniat las donaciones recibidas.
A la defensa ni agua
Además del reconocimiento de la Fiscalía de que no tiene todas las pruebas para enjuiciar a Mardo, la defensa denunció que durante la audiencia no le permitieron exponer las suyas.
Loreto relató que durante el acto trató de demostrar que los cheques con los que se pretende encausar a su cliente son forjados, mediante unas láminas, pero que la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se lo impidió bajo el argumento de que este acto solo se podía hablar de los hechos y de derecho.
Nada de esto pudo ser visto por los televidentes ni oído por los radioescuchas debido a que ningún periodista, más que los del Ministerio Público y del máximo juzgado tuvieron acceso al recinto donde se celebró la audiencia. Esto, a pesar de que el artículo 117 de la Ley Orgánica del TSJ establece que estos eventos son públicos.
Los funcionarios de seguridad del organismo negaron el acceso a los comunicadores alegando que eran órdenes de Gutiérrez. La misma suerte corrieron algunos diputados opositores que pretendían mostrar su apoyo a Mardo con su presencia.
Para el diputado Julio Borges esta inédita decisión solo tiene una explicación: «No dejaron entrar a la prensa porque temen que se sepa que las pruebas son forjadas (…) El discurso de la Fiscal fue débil: aceptó que no tenía pruebas y está pidiendo el antejuicio para poder investigarlo».
Fuente: EU
