Dado que la administración de Maduro no es reconocida por Washington, la propuesta de su gobierno sobre los bonos de deuda no ha mostrado muchos avances. Un plan equivalente de la Asamblea Nacional opositora también tendría que recibir luz verde de Washington
Los grupos que supervisan los activos extranjeros de Venezuela planean presentar esta semana al Parlamento en el exilio una propuesta para extender la vigencia de miles de millones de dólares en bonos en default, dijo el lunes el jefe de una de las juntas supervisoras.
La Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por la oposición, emitió en 2019 una orden en la que nombraba juntas de supervisión para los activos extranjeros de Venezuela después de que Estados Unidos impusiera sanciones destinadas a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se trata del único poder público venezolano reconocido en el exterior que ha recibido autorización de EE.UU. para negociar cualquier pago de la deuda externa.
La propuesta a los bonistas, que permitiría negociaciones de pago y esfuerzos de reestructuración de la deuda, sería similar a un plan presentado en marzo por el gobierno venezolano y la petrolera estatal Pdvsa para suspender el plazo de prescripción de la deuda hasta 2028 o hasta que las sanciones de EE.UU. contra la nación sean levantadas.
Dado que la administración de Maduro no es reconocida por Washington, la propuesta del gobierno no ha mostrado muchos avances. Un plan equivalente de la Asamblea Nacional liderada por la oposición también tendría que recibir luz verde de Washington.
“Debe haber una declaración conjunta sobre la validez de los bonos por parte del Comité de Administración y Protección de Activos de Venezuela y la junta ad-hoc de Pdvsa, lo que podría suceder esta semana”, dijo Horacio Medina, quien encabeza el mencionado ente.
Podría extenderse la validez de los bonos
Si se aprueba la propuesta, la Asamblea Nacional permitiría negociaciones para extender la validez de los bonos por cinco años más, según una fuente involucrada en las conversaciones.
Por otra parte, el directorio ad hoc de Pdvsa está negociando desde el año pasado con un puñado de acreedores para explorar opciones de pago y evitar una subasta de acciones en una de las empresas matrices de la refinería venezolana Citgo Petroleum.
El mes pasado, un juez de Delaware dio prioridad a Crystallex International para cobrar las ganancias de la subasta propuesta, al tiempo que otorgó al productor de petróleo ConocoPhillips (COP.N) una posición «cerca del frente de la fila».
La mayoría de los tenedores de bonos no tendrán tiempo suficiente para ejecutar acciones legales y registrar adjudicaciones en Delaware antes de noviembre para participar en la subasta, pero podrían buscar otras estrategias legales.
La deuda externa de Venezuela, incluida la de Pdvsa, supera los 60 mil millones de dólares. El gobierno de Maduro detuvo los pagos a los bonistas en 2017. En octubre, el incumplimiento habrá cumplido su sexto año, lo que activará opciones legales para reclamar el dinero.
Fuente: Reuters/ EC
