La delegación venezolana, encabezada por el británico Ben Emmerson y el canciller Yván Gil, salió regañada del segundo día de audiencia en la CPI al usar lenguaje descalificativo contra los jueces de la Sala de Apelaciones y la Oficina de la Fiscalía. Abogados consideran que la decisión de reanudar o no la investigación por crímenes de lesa humanidad podría conocerse en el primer trimestre de 2023
El miércoles 8 de noviembre se completó la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para escuchar los argumentos del Estado venezolano, la Fiscalía y Oficina de Defensa para las Víctimas en base a los alegatos hechos por la administración de Nicolás Maduro para suspender la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.
El uso de la retórica política por parte de la administración Maduro, una táctica usada en otros espacios internacionales no rindió los frutos que esperaban las autoridades, señalan los abogados Mario D’ Andrea, Thairi Moya y Calixto Ávila, ante unos hechos que responden a la falta de investigación y procedimientos nacionales para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.
Mario D’ Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, asegura que el uso de la retórica en estos espacios no políticos demuestra las pocas capacidades de respuesta del Estado venezolano, además de evidenciar y exponer que las investigaciones de justicia no son genuinas.
Calixto Ávila, representante de la ONG Provea en Europa, asegura que el Estado venezolano acudió a la estrategia de hacer ver la investigación por crímenes de lesa humanidad como un proceso esencialmente político, donde se alegó una amenaza continua sobre la administración Maduro por parte de varios países como Estados Unidos o el Grupo de Lima, al que se aludió para mostrar el retiro de Argentina de la petición de 2018 sobre un examen preliminar.
Sobre esto último, señala que la estrategia de tratar de descalificar la investigación por haber sido remitida por Estados «es muy peligrosa. Si los jueces aceptan en la apelación los argumentos venezolanos para reversar o revisar la investigación, significa que las revisiones de los Estados estarían sometidas al mismo tratamiento político».
También considera que la presencia del canciller Yván Gil, que apenas culminó su declaración se retiró de la sala, abre dos puertas: la descalificación de estos procesos por vía política y la descalificación del propio expediente porque se abrió un examen a motu propio y tras la remisión de varios Estados parte.
Ávila insiste que se está frente a un Estado que conoce sus limitaciones, pero aprovecha la retórica política para construir solidaridades automáticas con otros países que están en posiciones similares en espacios internacionales como la Organización de Naciones Unidas.
Pone como ejemplo las descalificaciones y votos en contra en lugares como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Cedaw), las evaluaciones a la Misión de Determinación de Hechos o el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo órgano rector en esa materia.
También comenta sobre el uso de lenguaje descalificatorio en los debates en la Corte. «Es preocupante que no solo sea de funcionarios del Estado sino de los mismos abogados, pero no deja de ser parte de su forma de ejercer (…) El señalamiento a las víctimas, de que no dejar de ser solo sentimientos, es parte de esa retórica. No renuncia a su estrategia de descalificar a instancias internacionales, ya sea la ONU o la propia Corte Penal».
Las cifras en la CPI
Como no son genuinas las investigaciones, señala el abogado Mario D’ Andrea, el uso de datos seleccionados expone a la administración Maduro aún más. «El hecho de que la mayoría de los casos que remitieron traducidos no estén investigados o no se hayan llegado a conclusiones, los expone».
Calixto Ávila destaca que también existe una estrategia permanente de llenar de información a la Corte, en algunos casos no pertinente como el largo debate en torno a los «ficheros» o «resúmenes» del Ministerio Público, que fueron obviados como elemento de investigación por la Sala de Cuestiones Preliminares que lleva la situación venezolana.
Además, están las cifras propiamente duras. Según el abogado defensor Aitor Martínez, existen 124 incidentes reconocidos por el Estado venezolano hasta este punto. De ellos, 113 están en fase de investigación donde se individualizaron a 166 funcionarios públicos; tres en fase intermedia, con acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco culminaron con condenas a 14 funcionarios públicos.
Los oficiales condenados, que son 15 (aunque no se explicó el origen del último), van desde oficiales de Policía a sargentos de la Guardia Nacional, que son de rangos medios o bajos según las propias leyes venezolanas. Dentro de los funcionarios acusados o en juicio, 18 son comisarios, tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y un sargento.
Sobre esto, la Oficina de la Fiscalía de la CPI comentó que de los 62 casos en expedientes judiciales entregados y mencionados por la misma Venezuela, 59 se equiparan a los 124 incidentes.
En 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.
Una situación similar se presentó en el punto para establecer si hubo investigaciones adecuadas por parte de Venezuela respecto de crímenes de naturaleza sexual, violencia de género y persecución.
Se debe aclarar que la calificación del delito, según dijo la misma representación de Venezuela, no corresponden a las mismas que establece el Estatuto de Roma. Por ejemplo, la abogada de la administración Maduro aseguró que «el hecho de que las autoridades nacionales hayan calificado esas conductas (abuso sexual o violencia de género) como trato cruel no significa que no estén investigando».
Según la jurista, la Fiscalía de la CPI «no ha descrito ningún incidente específico de violación» en su notificación de investigación ni en documentos posteriores. Alegaron que no se dio información sobre cantidad de casos o la manera en que esta instancia calificó esos delitos.
Al frente de la foto y al extremo derecho el abogado británico Ben Emmerson, consejero del gobierno venezolana, acompañado del canciller Yván Gil (centro) y el abogado Larry Devoe (izquierda)
Señalaron que, dentro de los 124 incidentes, se encontraron tres casos que registran dos condenas por violencia. Por esto han sido condenados 10 funcionarios públicos. El tercer caso se encuentra en fase de juicio con 13 funcionarios.
«Muchos de esos casos que fueron denunciados como amenazas de violación y fueron derivados como delitos de trato cruel», dijeron los representantes venezolanos.
Otros datos aportados por Venezuela hablan de la identificación de dos casos de torturas, 17 por privación ilegítima de libertad, 29 por tratos crueles. Por esto último, hay 15 funcionarios condenados y otros cuatro sometidos a acusación formal.
La Fiscalía rebatió estos argumentos y otorgó detalles. Se comentó que 22 de los 124 casos que se mostraban en la lista, se presumía que estaban presentes elementos de violación de género o abuso sexual, pero se calificaron como tratos crueles que no integran necesariamente este tipo de crímenes como se contemplan en el Estatuto.
Proceso álgido
Thairi Moya, doctora en derecho internacional y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, recordó que procesos como el de la CPI suelen ser complejos por el nivel de prueba y dificultades que se manejan.
En un espacio promovido por organizaciones de la sociedad civil, señaló que la audiencia del miércoles 8 fue álgida por la forma en la que se manejaron los representantes del Estado, y con un especial trasfondo por los temas que se tocaron.
Entre estos temas, esgrimidos desde el lado venezolano, Moya destacó el especial énfasis en el juzgamiento de altos mandos y la existencia de un supuesto plan criminal de persecución.
Aseguró que «limitarse al momento de establecer responsabilidades al tema de cadenas de mando, es desvirtuar el contenido de la Corte para determinar responsabilidad».
La responsabilidad en el contexto internacional, explicó la especialista, «y de acuerdo a lo establecido en los artículos 25 y 28 del Estatuto, se señala cómo debe establecerse esta responsabilidad. No reconoce líneas rectas y eso es algo que la Fiscalía trató de dejar claro».
Explicó que la responsabilidad de altos funcionarios de forma individualizada se puede producir de manera colateral, en líneas de mando que no existen o cruzadas. «Esto ha sido establecido incluso en tribunales especiales como el de Sierra Leona y cuando hay grupos colectivos que no siguen una estructura lineal».
La doctora en derecho internacional también comentó que, si bien la Fiscalía de la CPI puede intuir cuál es el plan criminal, no es algo que se manifieste sino con investigaciones avanzadas a raíz de la construcción de casos potenciales.
También reconoció la participación de la Oficina de Defensa para las Víctimas. «El cierre de la representante de las víctimas fue impecable y contundente, de hecho lo hizo en español. Eso marca a los jueces y aquel que participe en esos procesos».
Investigación, ¿cuándo?
La doctora Thairi Moya dijo que es posible que la sentencia de la Sala de Apelaciones, que debe conocerse en otra audiencia pública, se fije para el primer trimestre del año 2024.
Hay tres escenarios sobre esta sentencia: Que los jueces aprueben a la Fiscalía que continúe la investigación, que se ordene revertir o modificar el proceso y, por último, que se envíe de nuevo a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso, para una nueva determinación.
Calixto Ávila recuerda que la investigación está vigente, pese a la apelación hecha por Venezuela. «La intención del gobierno era evitar que el fiscal continuara investigando, y la primera decisión de esta sala fue decir ‘el fiscal debe continuar investigando mientras se surte esta apelación’».
La investigación fue anunciada por el propio fiscal Karim Khan en una visita a Venezuela el pasado 3 de noviembre de 2021, cuando también se firmó un memorando de entendimiento con la administración Maduro. El 16 de abril de 2022, Venezuela solicitó el diferimiento y se reinició el 27 de junio de 2023. Casi un mes más tarde, la Sala de Apelaciones ratificó las funciones de Khan.
El representante de Provea llama la atención sobre el memorando de entendimiento. «No podemos evaluar sí se está cumpliendo de buena fe, por cuanto no existe información pública, en particular sobre el segundo memorando. Aún más, no se ha abierto la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas, a pesar de que cuenta con presupuesto desde diciembre del año pasado y se ratificó la oficina a mediados de año con otra visita de Khan».
TC
