El diálogo comenzó el 28 de febrero y se han venido desarrollando reuniones primero en Caracas y luego en el interior del país, con distintos sectores productivos.
A casi tres meses de la instalación de las mesas económicas de paz entre el Gobierno y el empresariado, tanto el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno como el sector privado aspiran a que los problemas de país se resuelvan cuanto antes.
Las mesas económicas comenzaron el 28 de febrero y se han venido desarrollando reuniones primero en Caracas y luego también en el interior del país, con distintos sectores productivos.
El 27 de marzo, el presidente Maduro indicó a través de un tuit que “debemos evitar la reunionitis y pasar a la activación de la capacidad productiva del país, con más eficiencia y resultados concretos”.
Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, coincide con la observación del Mandatario nacional sobre la necesidad de que se aceleren los resultados, y ratificó la disposición de mantenerse en las mesas económicas, según dijo en la rueda de prensa de la federación del pasado 21 de mayo.
Los principales avances de las mesas, reconocidos como tales por el Gobierno y el empresariado, hasta el momento se resumen en cuatro puntos:
Definición del Sicad 2 como mecanismo de flexibilización del régimen de control de cambio. Está actuando como “válvula de escape” positivo para el empresariado, aunque no está resultando del todo eficiente, según Roig. “Todos los empresarios jugamos al éxito del Sicad 2. Hay que darle tiempo al sistema”, dijo.
Incremento de los precios de algunos productos, que estaban rezagados desde hacía 3 o 4 años.
Nuevo esquema de exportación, con una tasa más competitiva para los empresarios venezolanos.
En materia laboral, flexibilidad del papel de las inspectorías del trabajo. Sobre este punto, el Gobierno ha señalado que todavía hay mucho por hacer para lograr “justicia social” y el empresariado insiste en que se cambien las leyes de inamovilidad por estabilidad laboral, lo que a entender de Fedecámaras bajaría los altos niveles de ausentismo laboral en el país.
Otras concreciones. Existen otros resultados que el Gobierno ha ido mostrando en las últimas semanas, que el empresariado reconoce generalmente en forma parcial:
Se definió la “segunda fase de la ofensiva económica” en base a 77 propuestas que surgieron de las mesas, con la meta de elevar la producción y hacer cumplir los “precios justos”. Al respecto, el empresariado señala que deberían mejorarse los mecanismos de fiscalización para que no alejen a las inversiones.
Designación de 5 “jefes plenipotenciarios” que se desplegaron por todo el país: Rafael Ramírez (región Oriental), Rodolfo Marco Torres (Occidental), Dante Rivas (Andes), Yván Gil (Llanos) y José David Cabello (Centro). Ambas partes esperan logros concretos de cada gestión, y pronto.
El Gobierno reconoció la deuda en divisas con el sector privado. Sin embargo, el reconocimiento solo se refiere a 30% de la deuda y no se ha liquidado ni definido un plan de pago por parte del Gobierno. “¿Qué pasa con el 70% restante?”, pregunta Roig.
Doce empresas automotrices recibieron $216,9 millones en la subasta 11 del Sicad 1, lo que en teoría significaría la reanudación de actividades de esas empresas paralizadas. No obstante, el empresariado observa que el monto no es suficiente. La crisis del sector se mantiene.
En total, Cencoex y Sicad 1 autorizaron $7 mil 500 millones entre enero y abril de este año, según anunció el ministro Rafael Ramírez. La expectativa empresarial es que se acelere la autorización de adquisición de divisas.
Definición de un fondo con $500 millones y Bs 3 mil millones para créditos destinados a empresas para incrementar la producción y la exportación. Esto es bien visto por los empresarios, que esperan su puesta en práctica.
Se firmaron en abril siete acuerdos de indemnización con empresas que operaban en el Zulia que fueron sujetas a la Ley de Nacionalización del año 2009. Se desconoce el estatus.
Se aprobó que algunos trámites burocráticos se vayan simplificando para que fluyan mejor las actividades productivas. Fedecámaras reconoce que algunos Certificados de No Producción (CNP) han sido prorrogados y aboga para que se apliquen medidas más generales de ese tipo.
Se inspeccionaron empresas de todo el país para identificar “cuellos de botella” que impiden su mayor producción, entre estas la planta Oleica en Portuguesa, la fábrica de alimentos Albeca e Ioceca en Carabobo, Carrocerías Ureña en Táchira, Fextun en Cumaná. Esto es sentido como un avance por el Gobierno, pero el empresariado piensa que hay que tener más cuidado con el efecto intimidador que pueden tener las inspecciones.
Se inauguró la planta de pescados Comandante Hugo Chávez en Higuerote, con una inversión inicial del Estado de Bs 17 millones, con capacidad para almacenar 2,5 toneladas de pescado fresco. La idea es que se multipliquen las iniciativas productivas en el país.
Empresas del rubro comercio firmaron acuerdos con el Gobierno aceptando la Ley de Precios, como Converse, RS21, Skechers, Oakley, Nike, Volpe, Adidas, Locatel, Farmatodo y Farmahorro. Se desconoce si han recibido divisas últimamente.
Se efectuaron operativos de decomiso de mercancía contrabandeada, sobre todo en las fronteras, la cual fue vendida a precios subsidiados a la población.
Maduro anunció el jueves que la Ley de Arrendamiento de Locales Comerciales fue aprobada. Se afirma que dicha ley es resultado de las reuniones del Gobierno con la Cámara de Centros Comerciales (Cavececo). Ayer fue oficializada en Gaceta Oficial N° 40.418 con fecha de 23 de mayo de 2014.
La meta común entre el Gobierno y el empresariado es pasar con mayor claridad a la implementación de soluciones que aumenten la producción nacional y, tal como ambas partes afirman, permitan al país “superar” el rentismo petrolero.
Uno de los grandes obstáculos es que proponen modelos económicos diferentes para lograr esas metas comunes.
Tareas pendientes para otras reuniones
Muchos temas quedan pendientes en las mesas económicas y, de acuerdo a lo que se viene trabajando, se espera en próximas reuniones se traten los siguientes puntos:
Mayor celeridad en las asignaciones de divisas, ya sea a través del Cencoex, Sicad 1 y Sicad 2. Fedecámaras solicita la revisión de la decisión que prohíbe la participación de empresas petroleras en el Sicad 2, ya que afirma que eso le quitará efectividad al sistema.
Mayor definición del tema de la deuda del Gobierno con el sector privado. Este señala que reconoce solo 30% de la deuda (dado que, a su entender, hubo muchos casos de corrupción que “abultan” los montos), por lo que se espera que aclare cuándo concretará esas liquidaciones en cada caso y qué pasará con el 70% restante. Según Fedecámaras, Cadivi debe $10 mil millones al empresariado.
Definición de mecanismos concretos de incentivos a los productores nacionales y otros que restablezcan la confianza de los inversionistas y proveedores, y su puesta en funcionamiento.
Puesta en práctica del anunciado fondo de $500 millones y Bs 3 mil millones para créditos a las empresas para producir y exportar.
Simplificación de más trámites y certificaciones para agilizar los procesos productivos en el país. Se hizo solo con algunos.
Soluciones pragmáticas ante temas urgentes de abastecimiento de alimentos y medicinas. Abordaje del problema con las líneas aéreas.
Medidas concretas para el desarrollo agrícola. Pronto comenzará el período de cosecha y se esperan soluciones por la falta de insumos en el sector.
Nueva propuesta. Fedecámaras anunció que presentará una nueva agenda al Gobierno, en la que propone revisar el modelo económico del oficialismo.
Roig piensa que se debería ir desmontando los sistemas de controles en el país, “los que no han sido nada buenos”, señaló. Agregó que el Gobierno debería reconocer la propiedad privada y aclarar qué pasará con las expropiaciones que aún no se han pagado. Otro frente que plantea Fedecámaras es la Ley de Precios, la cual debería cambiar no por establecer topes de 30% a las ganancias, sino por su contenido altamente punitivo y con cláusulas sobre decretos de utilidad pública.
Jorge Roig propone que se hagan menos reuniones de las mesas, dado que los diagnósticos están hechos, y que se activen grupos técnicos calificados que dinamicen las reuniones con soluciones en toda la cadena productiva y no solo en sectores específicos.
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