La ONG Informó que hay 273 presos por motivos políticos en Venezuela. Detalló que del total de presos muchos tienen más de tres años detenidos de forma preventiva. Denunció que las personas que ejecutan las detenciones «no se identifican como funcionarios, como lo ordena la ley»
La ONG venezolana Foro Penal dijo este martes que «se ha exacerbado la represión y se han intensificado las violaciones a los derechos humanos» contra personas perseguidas por motivos políticos.
«Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes de fuerzas políticas distintas de las del gobierno», dijo en rueda de prensa Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.
Informó que hay 273 presos por motivos políticos en Venezuela. Son tres más que la semana pasada, de los que 147 son militares y 126 civiles, entre los que hay 253 hombres y 20 mujeres.
Detalló que del total de presos muchos tienen más de tres años detenidos de forma preventiva, «el plazo máximo que permite la legislación» venezolana.
Himiob denunció que se «están produciendo gravísimas violaciones al debido proceso», pues en las cárceles no se les permite a familiares el acceso a los detenidos. Tampoco que ellos designen abogados de confianza, sino que les impone defensores públicos, lo que obliga a los detenidos a recibir asistencia legal por personas que el gobierno designe.
Explicó que cuando se incomunica a la persona detenida y no se le permite contacto con familiares y abogados, se le somete «a un proceso que técnicamente puede ser denominado desaparición forzada», reseñó El Nacional.
«Hay tratados internacionales, suscritos y ratificados por Venezuela, que reconocen ese derecho. Que se informe donde están detenidas (las personas), que se permita el acceso a sus familiares y abogados», dijo Himiob.
Denunció que las personas que ejecutan las detenciones «no se identifican como funcionarios, como lo ordena la ley». De modo que durante la detención la persona no sabe si se trata de un secuestro o un arresto.
Aseguró que esa práctica al igual que la incomunicación con familiares y abogados, así como el impedimento de que los detenidos designen a sus abogados, ha pasado antes, «pero desde finales del año pasado y este año ha sido una práctica que se ha sistematizado».
VF
