Los municipios han tenido importancia desde el inicio de la República. Por eso son factores de poder dignos de especial atención. Son los más cercanos al pueblo en todos los rincones del mapa. Ya desde el período colonial cumplían labores fundamentales de administración local, las más importantes que podían ejercer entonces los venezolanos, para convertirse después en espacios de deliberación política capaces de influir en decisiones de carácter nacional.
Joaquín Gabaldón Márquez, un importante historiador que escribía en este diario, afirmó que el municipio fue raíz de la República. En el seno de las discusiones de la institución se fue formando un espíritu de atención del bien común y una experiencia de cohabitación sin las cuales no se podía hacer nada, o apenas poca cosa, en el Congreso caraqueño que tomaba las decisiones trascendentales.
El libro de Gabaldón lo explica con detalle y llamó la atención de los políticos que, en las reuniones para la reforma del Estado, concedieron a la institución municipal mayor trascendencia y valoración de su trabajo a través del ejercicio pleno del voto popular para la elección de alcaldes y concejales.
De tal valoración salió fortalecida una manera de administrar las cosas del común y de hacer política que, como pocas, se vincula con las angustias del elector en todos los rincones del mapa.
Por eso el régimen se ha empeñado en atacar las alcaldías de la oposición. Los chavistas saben que, como una de las expresiones más genuinas de la voluntad popular, son un escollo de envergadura para la autocracia. Quizá no sepan de dónde proviene semejante trascendencia, porque no son proclives a la lectura de la historia patria, pero sienten que el dominio de esas parcelas por manos y por cabezas ajenas les impide adueñarse de todo de una buena vez.
La arremetida contra los alcaldes opositores a través de procedimientos judiciales descansa en tales motivos. De allí la prisión de Enzo Scarano, alcalde de San Diego; el encierro del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; y el confinamiento del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, recluido en su domicilio. De allí la destitución de la alcaldesa de Guasdualito, Lumay Barreto, y los juicios iniciados contra Warner Jiménez, de Maturín, y Delson Guarate, de El Limón. Los procedimientos se han diseminado en todos los rincones del país, en los cuales se ejerce la representación más cercana de un pueblo cada vez más alejado del régimen y más proclive al cambio.
Pero la represión se profundiza mediante el hostigamiento de otros alcaldes que se han convertido en referencias para la sociedad por la seriedad de su trabajo y su lucha por las libertades democráticas. En este sentido conviene destacar los casos de David Smolansky, alcalde de El Hatillo, y de Alfredo Díaz, alcalde de Porlamar, a quienes se moteja de delincuentes y a quienes persiguen los cuerpos de inteligencia como si se tratara de enemigos del pueblo, o de delincuentes peligrosos.
No los atacan a ellos en particular, ni a un partido político específicamente, sino a una institución esencial de la República. Jamás debemos olvidar eso.
Editorial de El Nacional
