Abogados y defensores de DDHH aseguraron que los informes de la Misión de la ONU son un conjunto de cúmulos de elementos probatorios para ser llevados a un tribunal, en caso de que el fiscal se la CPI lo considere pertinente
Necesaria y determinante. Así considera el coordinador en Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, que es la renovación de la Misión independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas Venezuela, porque aún falta mucho por investigar.
“Lo que ha sido revelado no es todo lo que ha ocurrido, faltan testimonios y otros hechos que han ocurrido, por eso hay que seguir investigando”, aseguró durante su participación en el Twitter Spaces organizado y transmitido por El Carabobeño.
Se trata de lo que definió como un apoyo muy importante para que todas esas denuncias se eleven y lleguen a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que se traduciría en una gran ayuda para que sean condenado de todos los hechos de violación de derechos humanos, torturas y tratos crueles e inhumanos en el país.
“Creo que cuando se leen esos informes hay una verdad que deben saber quiénes violan los derechos humanos, y es que eso prescribe y lo deben tener claro… El funcionario que sigue vulnerando derechos humanos, que tortura, somete a tratos crueles, mantiene tras las rejas a más de 240 presos políticos, que sepa que está siendo investigando, y por eso es tan importante la renovación de la Misión”.
Para el codirector de la asociación civil Acceso a la Justicia, Alí Daniels, insistió en que los informes de la Misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegaron en un momento oportuno para que la sala de cuestiones preliminares de la CPI haga lo propio.
“El 15 de abril el gobierno pidió al fiscal de la CPI que se inhibiera de reconocer esos informes con el alegato de que aquí si hay justicia, pero el fiscal dijo que si sigue la investigación… Esperemos que sea así porque en este informe se pone de manifiesto que no es verdad que se sancione a los responsables de tantos hechos atroces”.
Crímenes que persisten en el presente
Para los participantes del Twitter Spaces de El Carabobeño, es de gran importancia que la sociedad entienda la trascendencia de estos informes que han sido presentados bajo la premisa de que “los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no son parte del pasado, sino del presente”, advirtió Daniels.
Pidió no dejarse llevar por políticos y aquellas personas que dicen que esto no es una condena y que no hay elementos para lograrlo. “Esos informes corresponden un conjunto de cúmulos de elementos probatorios para ser llevados a un tribunal, en caso de que el fiscal de la CPI lo considere pertinente… No se dejen llevar por oportunistas, ni por versiones oficiales que no se van a hechos concretos sino solo a insultos”.
El coordinador general del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Omar Piñango, destacó que las denuncias expuestas por la Misión de la ONU no fueron concebidas al azar, y que la reconstrucción de estos hechos con las víctimas y sus familiares ayudarán a la rendición de cuentas.
Resaltó que el informe de la responsabilidad de las cadenas de mando deja claro el mecanismo de represión del sistema de justicia. “Hay esquemas bien definidos de ascensos y beneficios económicos a quienes cumplan con lo que les piden desde el gobierno, y castigos a quienes no las sigan”.
Las expectativas de que habrá justicia son serias y reales, de acuerdo con Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, pero pocos creen es eso porque es algo que “dista de la actuación del sistema venezolano que juega al cansancio, se van perdiendo evidencias, pruebas y testimonios en estos años”.
Que estos informes estén validados y respaldados en pruebas es el mecanismo que asegura que, en algún momento, sino es instancia nacional sino internacional, las víctimas consigan justicia o reparación de los daños. “Que los responsables sean condenados y que la impunidad no se sostenga a lo largo del tiempo… Que este tipo de barbarie no se repita es uno de los aspectos más resaltantes”.
El coordinador del Foro Penal en Carabobo destacó que esta investigación puede servir para la CPI haga lo correspondiente. “Es un gran avance para las víctimas de que la impunidad no será la regla”.
¿Qué hacer con lo revelado?
Para Tineo, la hoja de ruta está clara. “Lo primero es que se renueve el mandato de la Misión, porque estos no son crímenes del pasado, y que se mantengan los mecanismos a favor de la justicia y reparación de las víctimas”.
Recordó que hay un nuevo alto comisionado para derechos humanos de las Naciones Unidas que debe hacer que las recomendaciones que están en los informes de la comisionada saliente sean acatadas por el gobierno porque, hasta ahora, no lo ha hecho. “Esperemos que se haga seguimiento exhaustivo al cumplimiento de esas recomendaciones”.
Los hallazgos de los informes “lamentablemente no nos sorprenden ni dejan de espantar, somos testigos de esos casos y ratificamos el compromiso de seguir colaborando… Se debe seguir denunciando y visibilizando de procesos que nos encaminan a la justicia”.
Daniels señaló que las reformas legislativas que se han hecho en el país para frenar investigación de la CPI pero no son suficientes, y que por eso es importante que la sociedad comprenda y apoye la dimensión de todo lo revelado por la Misión de determinación de hechos de la ONU.
La Misión basó sus conclusiones en 245 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
Piñango resaltó la falta de cooperación e información a la que el estado se ha negado a prestar, “se han dirigido distintas cartas para la elaboración del informe y no dieron respuestas a esas solicitudes de información que realizaba la misión, que no ha ingresado al territorio venezolano y eso hace que el trabajo sea más difícil y se obstaculice”.
La renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos será decidida en una votación del Consejo de DDHH de la ONU la próxima semana. Un importante grupo de países, ONG de derechos humanos y activistas han pedido que se renueve su tiempo de trabajo.
