La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la ley sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente establece sanciones penales “exorbitantes” y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet.
Relatoría de la CIDH señala que restricciones de la Ley contra el Odio «podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela»
Washington.- Una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la ley contra el odio aprobada esta semana, por considerar que puede conducir a una «grave afectación» del derecho a la libertad de expresión en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH «considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada», indicó el ente en una declaración según informó AFP.
Es necesario que se «rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela», apuntó, llamando a realizar una «discusión abierta y participativa» sobre el tema «a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos».
La Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, propuesta por el presidente Nicolás Maduro tras protestas en su contra que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último, fue aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano que rige el país con poderes absolutos desde agosto pasado.
En su declaración del viernes, la Relatoría manifestó su «grave preocupación» por la norma, y recordó que fue adoptada «a través de un trámite expedito» y «sancionada sin intervención» del Parlamento.
Además, señaló que «establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión».
La ley castiga los delitos de odio hasta con 20 años de cárcel y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.
Para la Relatoría, estas restricciones «podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática».
También cuestionó como «alarmantes» la penalización de expresiones de interés público con «figuras vagas y sanciones exorbitantes», así como «la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación» y «la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos».
La Relatoría ya condenó en septiembre el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela y urgió al gobierno de Maduro a garantizar su operación sin distinciones por su línea editorial.
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