Lasso sacrificó la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción
Una relativa calma vivía Ecuador en las primeras horas de este jueves, un día después de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviese la Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiera la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Las actividades públicas y privadas, así como las educativas y financieras se desarrollan con normalidad en todo el país, mientras que la sede de la Asamblea Nacional se mantiene bajo la custodia de las fuerzas del orden desde el miércoles.
Este jueves, la Policía ha permitido el acceso de personal administrativo de la Asamblea Nacional para retirar sus pertenencias, mientras que se prevé que los exlegisladores comiencen a hacerlo el próximo lunes.
El sistema de transporte local, provincial y nacional funciona con total normalidad, e incluso se mantiene la restricción de circulación en la capital de automóviles dependiendo del número final de la placa, como de costumbre.
Los aeropuertos, hospitales y otros centros de salud, así como los servicios públicos también funcionaban con absoluta normalidad en las primeras horas de este jueves.
El conservador Guillermo Lasso, recurrió el miércoles en medio de un juicio político en su contra a la herramienta constitucional de la «muerte cruzada», por la que disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y adelantó las elecciones generales.
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, que fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperar al resultado de la votación de la moción de censura, que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que tiene al correísmo como primera fuerza, y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
De esta forma, Lasso sacrificó la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado, como según sostiene la oposición, y que el gobernante rechaza.
Con información de EFE
