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Reino Unido acepta pagar hasta 45.000 millones de euros por salir de la UE

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Reino Unido acepta pagar hasta 45.000 millones de euros por salir de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, sobrevive pero renuncia a sus líneas rojas sobre el Brexit

 

 

Theresa May con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión

 

 

“Esta es una guerra de ver quién pestañea primero, y nosotros nos hemos cortado los párpados”, advertía en The Sun una fuente del DUP, los unionistas norirlandeses y aliados parlamentarios de Theresa May, que torpedearon el acuerdo sobre el Brexit el lunes. Al final, tras cuatro días de negociaciones y una noche de frenética diplomacia telefónica, pestañeó la primera ministra británica.

 

 

 

Había liberado su agenda de la tarde en previsión de viajar a Bruselas en cualquier momento. Las televisiones se dirigían a la estación de Kings Cross para subirse al tren y cruzar el charco al mínimo aviso. A última hora de la tarde, Downing Street explicaba que Theresa May había hablado por teléfono con Leo Varadkar, primer ministro irlandés, y con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, pero que las negociaciones continuarían por la noche. Al borde de las cinco de la madrugada, hora de Londres, se confirmaba que la primera ministra y David Davis, titular del Brexit, volaban a Bruselas. Pasadas las siete de la mañana, hora local, el jefe de Gabinete de Juncker tuiteaba una foto de una fumata blanca. Habemus acuerdo.

 

 

 

En lo esencial, May logra lo que quería: la luz verde para avanzar que le garantiza, de momento, su propia supervivencia política. Pero el acuerdo entraña un baño de realidad. Expone las contradicciones de la visión del Brexit que se vendió al electorado y borra casi todas las líneas rojas trazadas por May en los 17 meses transcurridos desde el referéndum. Además, Reino Unido ha aceptado pagar entre 40.000 y 45.000 millones de euros por salir de la UE, una factura que ha confirmado un portavoz de Downing Street.

 

 

 

El DUP —a pesar de que puntualiza que “hay temas que aún deben ser resueltos”— obtiene garantías de que no habrá barreras regulatorias entre Irlanda del Norte y el resto del país. Arlene Foster, líder del partido unionista, ha señalado que el nuevo texto contiene “cambios sustanciales” en lo relativo a la frontera irlandesa, uno de los tres asuntos que abarca el acuerdo alcanzado esta madrugada sobre los términos del divorcio, que el equipo negociador europeo considera que contiene el progreso suficiente para que los líderes de los Veintisiete acepten pasar a la segunda fase de las negociaciones en la cumbre de la semana que viene. “No hay una barrera en el Mar de Irlanda y sí una clara confirmación de que Reino Unido en su conjunto abandona la UE”, ha dicho Foster.

 

 

 

La meticulosa redacción de los 15 puntos del acuerdo relativos a Irlanda e Irlanda del Norte contiene abundante sustancia. En particular, destaca una concesión contenida en el punto 49. “En ausencia de soluciones pactadas, Reino Unido mantendrá un alineamiento completo con las reglas del mercado interno y la unión aduanera”. Eso significa que, si no se acuerda otra cosa, Reino Unido no será miembro del mercado único, luego no podrá participar en la confección de sus reglas, pero sí deberá someterse a ellas. Es decir, que la posición por defecto pasa a ser un Brexit suave, y no un salto al vacío. Algo que sonará bien a los oídos más proeuropeos, que consideran que esas palabras mantienen viva la lucha por la permanencia en el mercado único y la unión aduanera.

 

 

 

Hay otras líneas rojas trazadas por May que son discretamente difuminadas a lo largo del articulado. Es el caso de la promesa de liberarse de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, línea roja absoluta para los más fervientes partidarios del Brexit. Las decisiones de la corte de Estrasburgo no solo se aplicarán en el periodo transitorio de dos años que Londres espera pactar, como ha recordado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Sus resoluciones serán utilizadas para interpretar el acuerdo sobre derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y los tribunales británicos podrán remitir los casos que surjan a Estrasburgo durante un periodo de ocho años desde el acuerdo final. “El Tribunal de Justicia Europeo será competente para los ciudadanos europeos”, ha resumido Juncker.

 

 

 

El sector duro del Brexit traga, pues, en buena medida, con sustanciales pagos a la UE durante décadas; con un periodo transitorio enteramente bajo los términos de la UE; con cierta continuada jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo y con un horizonte de alineamiento, por defecto, con las normas de la unión aduanera. Y sin embargo, los más destacados euroescépticos del Gobierno, hablando en nombre del ala dura del Partido Conservador, han dado su bendición al acuerdo. “Es un logro personal significativo para la primera ministra”, ha dicho el titular de Medio Ambiente, Michael Gove. “Enhorabuena a la primera ministra por su determinación al obtener el acuerdo de hoy”, tuiteó Boris Johnson, jefe del Foreign Office.

 

 

 

Más veneno contenía la felicitación a la primera ministra de Nigel Farage, exlíder del partido populista y antieuropeo UKIP: “Un acuerdo en Bruselas es buena noticia para la señora May ya que ahora podemos avanzar hacia el próximo nivel de humillación”.

 

El País

PABLO GUIMÓ

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