La medida busca reducir las reiteradas compras de productos que podrían ir al contrabando o la economía informal
La Superintendencia de Precios Justos instalará un sistema biométrico de abastecimiento en las redes de alimentación públicas y privadas de todo el país, a fin de reducir las reiteredas compras de productos por parte de un mismo usuario que podrían ser destinados al contrabando o a la economía informal, informó este martes el superintendente Andrés Eloy Méndez.
En entrevista concedida al programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión, Méndez indicó que el sistema será instalado antes de culminar el año y tendrá características similares al Sistema Superior de Abastecimiento Seguro que se desarrolla en establecimientos de las redes públicas de distribución de alimentos como Pdval, Mercal y Abastos Bicentenarios del Zulia, estado donde se han registrado mayores índices de contrabando hacia Colombia, por su ubicación geográfica.
El superintendente agregó que los dueños de supermercados en el país fueron informados en una reunión sobre la instalación del sistema biométrico, «que servirá para la medición del abastecimiento a nivel nacional».
«Se trata de establecer parámetros necesarios, no solo en el sistema de alimentación privado, sino en el público, así logramos proteger a las familias para que hagan sus compras normales. En la medida en que transcurra el tiempo de funcionamiento del sistema vamos a tener más llenos los anaqueles», apuntó.
Méndez también expresó que la Superintendencia trabaja de forma conjunta con las redes de supermercados privados para recopilar datos sobre los patrones de consumo habituales y semanales de las familias venezolanas, lo que permitirá una mejor planificación en los sistemas de distribución y abastecimiento.
Además de la extracción de productos a través del llamado «bachaqueo», es decir, compras reiteradas de un mismo rubro por parte de un grupo de personas, Méndez explicó que se ha detectado el desvío de las gandolas con alimentos a distintos depósitos para luego venderlos a la economía informal.
Para atacar el mecanismo de extracción ilegal se instalará un Sistema de Seguimiento Popular que estará a cargo de 27.000 inspectores populares que estarán distribuidos en 516 Círculos de Lucha de todo el país.
De esta forma, el Poder Popular se integrará a las acciones para garantizar la seguridad alimentaria en el país, apuntó el superintendente.
Fuente: Emen
