Indemnizar a las víctimas de la violencia criminal fue lo primero que el entonces presidente Hugo Chávez lanzó públicamente de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela en mayo de 2012.
Para ello, Tareck El Aissami, quien era el ministro de Interiores y Justicia en ese momento, prometió el 21 de junio de 2012, que el mes entrante comenzaría a abrirse un registro nacional de víctimas, actividad que hasta el cierre de esta edición aun no se observa.
La indemnización a quienes han sufrido algún delito es uno de los 9 proyectos del vértice N° 5 de la Gran Misión A Toda Vida, titulado «Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia».
El objetivo general de este vértice es asegurar que, mediante una atención integral, oportuna y pertinente a las víctimas de la violencia, se reconozcan y atenúen sus efectos negativos sobre personas y colectivos. Y además, se incremente la respuesta efectiva del Estado, para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los acompaña, según dice el documento de la Gran Misión colgado en la página web del Ministerio de Interiores y Justicia (MIJ).
Poca atención
El estudio realizado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) para diseñar la Gran Misión A Toda Vida señala que no más del 15% del total de la población menciona como apropiado el apoyo recibido por las instituciones cuando es víctima de algún delito.
Por ello el vértice pretende crear una política publica que tenga como centro a las víctimas de delito quienes son las que padecen las consecuencias mas directas de este hecho.
A tal fin se actuará sobre las personas víctimas de delitos violentos intencionales, las violaciones de Derechos Humanos perpetrados por funcionarios del Estado, así como sectores vulnerables, mujeres, niños y adolescentes, refiere el documento del MIJ.
Señala el proyecto que operarán a través del fortalecimiento de las instancias de atención a víctimas ya existentes en organismos competentes, tales como las oficinas de atención de los organismos policiales, del Ministerio Público, medicatura forense, entre otros.
Hasta ahora, todos esos planes están en papeles. La última vez que supimos del registro nacional de víctimas fue el 22 de octubre del año 2012 cuando el entonces secretario de la Gran Misión A Toda Vida, Reynaldo Hidalgo declaró que aun se había consenso en ese proyecto. «Hemos encontrado nudos críticos en cuanto a las definiciones legales», dijo Hidalgo en esa ocasión.
A pesar de tratarse de una obligación frente a las víctimas, en esta materia el Consejo General de Policía (Congepol) reconoce que solo 12 de los 24 cuerpos policiales regionales (52%) y 38 municipales (34%) poseen al menos una oficina de Atención a las Víctimas.
La Defensoría recuerda. Otro de los proyectos de este vértice es la reconstrucción de casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos. En este campo, la Defensoría del Pueblo ha publicado una serie de libros entre los que destacan La Masacre de Cantaura, 30 años, La Masacre del Liceo Sanz, Maturín; La Lucha Social y Armada en Venezuela; 27 de Febrero para Siempre en Nuestra Memoria y Violación Sistemática de Derechos Humanos del 1998-1958. Además, la Defensoría del Pueblo mantiene una galería itinerante llamada Mártires del Puntofijismo, con el rostro de 100 asesinados.
Fuente: ÚN
