La reacción del Gobierno nacional ante los elevados niveles de inflación y de escasez ha sido afianzar los mecanismos de control y fiscalización hacia las industrias y el comercio.
En la segunda fase del plan de fiscalización, que emprendió el Ejecutivo en noviembre pasado, está previsto fortalecer las sanciones para quienes incurran en el delito de especulación, informó la ministra de la Mujer, Andreína Tarazón, quien fue designada como Superintendente de Costos, Ganancias y Precios Justos.
«En este momento estamos frente a la segunda etapa de la ofensiva económica para lograr estabilizar la economía del país, así que venimos con un instrumento jurídico lo suficientemente severo para proteger al pueblo en el acceso a los bienes fundamentales de su vida y que, además, promoverá la producción nacional», señaló la ministra en una entrevista en VTV.
Se refiere a la Ley de Costos, Ganancias y Precios Justos, que todavía no ha sido publicada en Gaceta Oficial, que fijará un tope de 30% en las ganancias de las empresas, y se aplicará progresivamente en vista de que se están «adaptando las fórmulas que sean viables para que los ámbitos productivos no sean afectados. En este sentido, estamos evaluando la cadena productiva de los distintos rubros para calcular el precio justo y estandarizar los costos».
En su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló nuevamente que reforzará el control de precios y, además, que regulará otros bienes de la economía.
El jefe de Estado anunció en noviembre la creación de un sistema de formación de precios justos que se aplicaría a todos los bienes de la economía. En ese momento, decretó la protección de seis categorías de productos considerados básicos: textil, calzado, electrodomésticos, vehículos, artículos del hogar y juguetes.
En teoría estas medidas estaban orientadas a reducir la inflación y facilitar el acceso a los productos. En la práctica, no se logró reducir la inflación en los niveles esperados y se agudizó la escasez incluso en productos que no tenían fallas.
Más de lo mismo
No es la primera vez que el Gobierno nacional pone la lupa sobre los márgenes de utilidad que generan las empresas privadas. En 2011, el fallecido presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Ley de Costos y Precios Justos y la promocionó como el instrumento que pondría fin a la especulación que, a su juicio, era el punto de origen de la inflación. En ese momento señaló que las ganancias serían revisadas.
En julio de ese mismo año fue publicada en Gaceta Oficial. En el texto no se hizo mención a la regulación de las ganancias, y en el reglamento emitido en noviembre de 2011 tampoco se fijó algún parámetro.
Ahora el Gobierno retoma el mismo esquema de la Ley de Costos y Precios Justos para poner coto a los márgenes de utilidad de la industria y el comercio, con el argumento de frenar la especulación y la usura.
Será entonces la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop) la que se encargue de revisar las estructuras de costos, los precios y ahora las utilidades que genera la venta de productos. Vale destacar que el organismo viene realizando esa labor desde su creación hace poco más de dos años bajo la dirección de la ahora Intendente Karlin Granadillo.
Previo a esta ley hubo otros tres instrumentos orientados al mismo fin: controlar la especulación, el acaparamiento y la usura. Todos han sido modificados si alcanzar los objetivos planteados.
Mano dura
El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y los Servicios (Indepabis) será fusionado con la Sundecop. Para dirigir las fiscalizaciones, el Presidente Maduro nombró al general Luis Motta Domínguez como Intendente de Precios Justos.
Hasta ahora las fiscalizaciones de la llamada «ofensiva económica» han estado dirigidas por el Mayor General Hebert García Plaza, quien estuvo al frente de la intervención de la cadena de tiendas Daka y otros comercios.
La Sundecop está adscrita al ministerio de Comercio, que desde ahora será dirigido por José Khan, quien era el presidente de Cadivi.
Con esta estructura el Presidente Maduro ha jurado poner mano dura a los empresarios y comerciantes que especulen e incurran en el delito de usura.
Fuente: El Universal
