El 25 de junio de 2021 quedó formalmente instalada la comisión especial para la reforma del sistema judicial presidida, tal dispuso Nicolás Maduro Moros, por un diputado y eminente jurisconsulto ducho en el derecho de injuriar impunemente, cuyo nombre omitimos no vaya a arremeter nuevamente a mazazos contra este diario, como acostumbra hacer contra quienes, ejerciendo su derecho a expresarse libremente, se permiten cuestionar su autoridad en tan delicada y compleja materia. Han transcurrido casi dos años desde entonces y todavía no se le ve el queso a la tostada, aunque más de un cantamañanas, alucinado por el espejismo anticorrupción con que ha engalanado bigotes su campaña para la ratificación en el cargo que pretende vitalicio, podría pensar que esa última coca-cola del desierto rojo popularizado por estos días con la pretenciosa denominación de «policía anticorrupción», si a ver vamos, un ordinario escuadrón de sapos y soplones, pudo ser un abrebocas de la cacareada reestructuración de una rama del poder público, tan putrefacta y prostituida como el ejecutivo, el ciudadano, el moral y el legislativo, ahora bajo el mando del psiquiatra que recomendó camisa de fuerza para Tareck el Aissami.
Casi dos años ya, y no percute su garrote sobre el estrado del juez y parte, porque de la publicitada renovación o perfeccionamiento (¿?) del poder judicial nada se sabe. ¿Han convocado, por ejemplo, a los decanos y directores de las facultades y escuelas de derecho para conocer sus opiniones sobre el deber ser de la justicia? Por supuesto que no, porque la autosuficiencia está íntimamente ligada a la ignorancia. Y todos hemos visto cómo, a lo largo de estos 25 años de inmovilidad revolucionaria, la administración pública ha sido víctima de la falta de pericia civil y el analfabetismo funcional de mandones uniformados, a quienes basta escuchar en su aproximación al español para preguntarse, especialmente en estos santos días, ¿Dios, qué hemos hecho para merecer semejante supuración? ¿A quién se le ocurre poner en manos de un soldado el espíritu, esencialmente cívico, de las leyes, para sujetarlo a los intereses de un régimen militar? Pero no hay por qué desesperar. No habrá reforma del poder judicial, como no hubo nada relevante en los cinco años de vacías deliberaciones de la írrita asamblea constituyente electa en 2016, a fin de torpedear el desempeño de la legítima Asamblea Nacional de 2015, aún vigente, por cierto.
Editorial de El Nacional
