El proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción aprobado por unanimidad, en 2011 por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se ha convertido en una especie de manzana de la discordia entre los diputados de la oposición y de los que apoyan al Gobierno.
Para los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el informe, listo para su segunda discusión en plenaria, contiene novedosos aspectos que permitirían luchar contra la corrupción, entre ellos: la tipificación del nepotismo y la obligación de las instancias del poder popular de rendir cuentas de manera semestral.
Sin embargo, voceros de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus aliados han señalado que el texto, tal como está redactado, colide con disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Además, han afirmado que ese instrumento legal será asumido por el Ejecutivo, una vez que sea aprobada la Ley Habilitante que solicitará el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Como se recordará, la Habilitante le concede poderes especiales al Presidente de la República para legislar en las materias que solicite.
En este caso, el Jefe de Estado ha manifestado que el ámbito para la petición estaría vinculado al combate contra la corrupción.
Artículos. Los parlamentarios de oposición, al reclamar la inclusión del proyecto de reforma en la agenda de la plenaria de la Asamblea, han explicado que su articulado permitiría adelantar con mayor eficacia la lucha contra la corrupción sin necesidad de aprobar una Habilitante.
Destacan que se incorporan multas y sanciones contra delitos como el nepotismo, el cual está establecido en el artículo 71 del proyecto, denominado conflicto de intereses. Allí se señala que la responsabilidad administrativa se determinará y hará efectiva según el procedimiento previsto en la Ley de la Contraloría General de la República.
Asimismo, alegan que en el proyecto se establece la declaración jurada de intereses y la protección al denunciante y al testigo de hechos de corrupción. Elementos que, ahora, la Comisión de Contraloría se propone como para ser desarrollados en dos leyes apartes.
Fuente: ÚN
