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El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió este miércoles otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI, con los que son ya 50 los que ha enviado al tribunal, luego de que este decidiera abrir una investigación al país por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
«Solo a través de un riguroso y metodológico proceso de documentación que apoye el trabajo de la Fiscalía, la Corte Penal Internacional (CPI) podrá avanzar en la condena a los máximos responsables de estos crímenes. Este trabajo, junto al que vienen haciendo otras ONG en Venezuela, es fundamental para lograr justicia», afirmó el coordinador de la Red-CLH, Alonso Domínguez, en nota de prensa.
La Red-CLH, integrada por las ONG venezolanas Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, refirió que se trata de «expedientes de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela que alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad».
Detalló que los casos se construyeron a partir de los testimonios de fuentes primarias, tras una campaña desarrollada en países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes, pues este grupo considera que «muchas de las víctimas forman parte de la masiva diáspora venezolana».
Absoluta inacción del Estado
La red destacó que en los casos se evidenció «una absoluta inacción» por parte del Estado venezolano, pues no han resultado investigados pese a que las autoridades nacionales tienen conocimiento de ellos.
«Las personas entrevistadas declararon que fueron víctimas de asfixias con bombas lacrimógenas, sometimiento a posiciones de estrés, golpes en diversas partes del cuerpos, maltratos psicológicos, condiciones de detención extremadamente precarias, privación de alimentos y agua, incomunicación, amenazas a sus familiares, ataques contra sus propiedades y persecución, entre otros», afirma.
El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió en privado, durante esa semana, en la que viajó al país caribeño tras una invitación del Gobierno.
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional. EFE
