La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos, condenó los recientes sucesos de violencia que se generaron en varias ciudades del país, en el marco de manifestaciones convocadas por líderes políticos de la oposición y estudiantes.
Destacan que de acuerdo a declaraciones oficiales de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, estos los sucesos dejaron un saldo de 3 personas fallecidas, 66 personas heridas y 69 personas aprehendidas.
En las inmediaciones del edificio sede de la Fiscalía General de la República, en la ciudad de Caracas, perdieron la vida los ciudadanos Juan Montoya, miembro del colectivo José Leonardo Pirela de la Parroquia 23 de Enero y Bassil Dacosta Frías, estudiante de la Universidad Alejandro Humboldt.
Además el estudiante Roberto José Redman Orozco, resultó muerto en Chacao, todos a consecuencia de disparos con armas de fuego. En cuanto a los heridos, la Fiscal manifestó que del total de heridos, 9 fueron en Caracas, 41 en Aragua, 11 en Mérida, 4 en Lara y 1 en Táchira.
De ese total, 17 son funcionarios policiales y militares. Asimismo, la sede del Ministerio Público, el Metro de Caracas y la Plaza Candelaria sufrieron daños en sus instalaciones producto de la acción violenta que se generó en horas de la tarde del da de ayer.
En el comunicado, la organización no gubernamental, se solidariza con las familias y amigos de los tres ciudadanos fallecidos en estos momentos de desasosiego y profundo dolor que enfrentan.
Solicita al Ministerio Público abrir una investigación expedita y eficiente de los asesinatos ocurridos el 12 de febrero de 2014 así como los demás hechos violentos recientes donde resultaron varias personas heridas.
Solicita a la Defensora del Pueblo investigar y documentar los hechos denunciados, y hacer seguimiento a la investigación adelantada por el Ministerio Público. Asimismo, monitorear de forma permanente las condiciones de reclusión de las personas detenidas, garantizando el pleno respeto de sus derechos humanos, en particular el derecho a la integridad, a la seguridad personal y al debido proceso.
A los cuerpos de policía y componentes de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en especial a la Guardia Nacional Bolivariana), a cumplir con las obligaciones recogidas en la Resolución N 88 de fecha 19-03-10 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz que contiene las «Normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales».
De la misma manera, invita a las autoridades a cumplir con la Resolución N 113 de fecha 15-04-11 del mismo Ministerio, que establece las «Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones», las cuales establecen mecanismos para prevenir y sancionar cualquier tipo de maltrato policial durante el desarrollo de reuniones públicas, manifestaciones y protestas ya sean pacíficas o violentas.
Conmina a la ciudadanía, a ejercer su derecho a la manifestación pero de forma pacífica y a denunciar cualquier violación de derechos humanos para que estos hechos sean investigados y sancionados por las autoridades competentes.
Al Gobierno Nacional y a todos los poderes públicos a promover el desarme, garantizar la paz social, la justicia expedita, la protección a las víctimas y sus familias, el derecho a protestar y manifestar, y el respeto a los derechos humanos de todas y todas.
El Universal
