El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón, rechazó este lunes el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo domingo 21 de noviembre.
«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», expresó Picón por medio de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter.
Asimismo, Picón confirmó que a Leocenis García, coordinador nacional del partido opositor ProCiudadanos, y Eduardo Samán, aspirantes a la alcaldía de Caracas, se les impidió formalizar su candidatura por esta sanción.
«Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debidas ni oportunamente notificadas», agregó.
Picón señaló que el artículo 65 de la Constitución venezolana establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes fueron condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político.
«Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa», indicó.
Por otra parte, detalló que la exigencia de la sentencia definitiva «pretende tutelar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas, todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución», unos preceptos que, a su juicio, fueron obviados en estos casos.
«Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos», expresó.
Agregó que a eso se suma «el agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».
Ante esto el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también compartió la postura de Picón y agregó, en su cuenta de Twitter, que «el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos».
COMUNICADO:
— Roberto Picón – Rector – Junta Nacional Electoral (@rpiconh) September 13, 2021
Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral. pic.twitter.com/KhLNHJwJs7
Casos recientes evidencian cómo las condiciones constitucionales son obviadas: ciudadanos que anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora. pic.twitter.com/CfpCElm95o
— Roberto Picón – Rector – Junta Nacional Electoral (@rpiconh) September 13, 2021
Tales episodios no pueden ser ignorados, en tanto remiten a un uso oportunista de las inhabilitaciones. Se trata de prácticas que violentan preceptos como el derecho al debido proceso, el derecho a no ser inhabilitado políticamente sin sentencia judicial firme. pic.twitter.com/JqnQlAs3FI
— Roberto Picón – Rector – Junta Nacional Electoral (@rpiconh) September 13, 2021
