Una comisión especial del gobierno advirtió el jueves que la recolección diaria de los registros telefónicos de los estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional es ilegal y recomendó al presidente Barack Obama que abandone el programa de vigilancia y destruya los millones de registros telefónicos que ya ha recolectado.
Las recomendaciones de la Comisión de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles van más allá de lo que Obama está dispuesto a aceptar y elevan la presión sobre el Congreso para hacer cambios.
El informe de 234 páginas de la comisión de supervisión incluye las opiniones disidentes de dos de los cinco miembros que la integran, ex abogados de seguridad nacional durante el mandato de George W. Bush, que recomendaron que el gobierno siga recolectando registros telefónicos.
La comisión reveló a principios de mes los pasajes cruciales de su informe a Obama antes de que el presidente anunciara la semana pasada sus planes para cambiar las actividades de vigilancia del gobierno.
En ese mensaje, Obama dijo que de momento se daría continuidad al programa de recaudación masiva de información telefónica. Obama ordenó al Departamento de Justicia y a autoridades de inteligencia que encontraran formas para poner fin al control del gobierno sobre la información telefónica.
Además, el presidente limitó la compilación masiva de información al insistir en una estrecha supervisión por parte de una corte federal secreta de inteligencia y disminuir la amplia cadena de llamadas a las que la agencia puede dar seguimiento. Las compañías telefónicas dijeron que no quieren asumir la responsabilidad de supervisar la información bajo las normas que ha establecido la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).
Además de llegar a la conclusión de que la recolección diaria de los registros telefónicos era ilegal, la comisión también determinó que la práctica era ineficaz.
«No hemos identificado un solo caso que implicara una amenaza para los Estados Unidos en que el programa haya marcado una diferencia concreta en el resultado de una investigación de la lucha antiterrorista», dijo. Y añadió: «No estamos al tanto de ningún caso en que el programa haya contribuido directamente al descubrimiento de un complot terrorista previamente desconocido o la interrupción de un ataque terrorista».
Dijo que la NSA debería en cambio buscar registros individuales relevantes para casos de terrorismo directamente de los proveedores de servicios de telefonía bajo las leyes existentes.
«Teniendo en cuenta los limitados resultados, concluimos que el programa se debe terminar», dijo el miembro de la comisión James Dempsey, del Centro para la Democracia y la Tecnología, un grupo defensor de libertades civiles. Dempsey y otro miembro de la comisión, la magistrada Patricia Wald, ex jefa de la corte federal de apelaciones, dijeron que las barridas de registros telefónicos no parecen tener un claro o sólido sustento legal en la ley antiterrorista Patriot Act, el estatuto que supervisa las actividades de vigilancia del gobierno.
Fuente http://www.laverdad.com/
