Los 65 miembros de la comisión que evalúa el proceso contra la presidente tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes elegirán el informe
El Congreso de Brasil dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.
El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, instructor de la comisión especial de la Cámara Baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.
«Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad” contra la mandataria, indicó Arantes.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, lo que constituye delitos de responsabilidad, que la Constitución de Brasil establece entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
“Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la presidente, confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero”, aseguró Arantes.
En una sesión tumultosa entre legisladores oficialistas y opositores, el instructor insistió en que el impeachment no es un golpe de Estado, como dice Rousseff porque es realizado por el Parlamento, de acuerdo con la Constitución y ratificado en diciembre por el Tribunal Supremo.
Los 65 miembros de la comisión tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes elegirán el informe.
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