La resolución 8.610, firmada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y publicada esta semana en Gaceta Oficial, inquieta a políticos y académicos. “Es inconstitucional” afirman voceros de distintas toldas partidistas y ONGs dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
La exmagistrada Blanca Mármol de León recuerda que el artículo 68 de la Constitución Nacional prohíbe la utilización de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas. «El gobierno pretende legitimar su uso” escribió la jurista en su cuenta de Twitter.
La nueva normativa permite el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego u otra”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, informa que acudirán el próximo lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la anulación de la resolución.
La abogada señala que la normativa debe ser declarada “inaplicable de inmediato, sin importar que el recurso no se lleve a cabo hasta el día lunes”. Argumenta que la publicación en la Gaceta Oficial “no la hace vigente”.
La coordinadora de Derechos Humanos de la MUD hace además un llamado al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a quién pide “no convertirse en alcahueta de las inconstitucionalidades del régimen”.
Liliana Ortega, directora del Comité de Víctimas de los Sucesos de ‘El Caracazo’ (COFAVIV), rechaza el decreto: «Esto recoge los peores elementos que fueron utilizados en dictaduras de derecha como las de Augusto Pinochet».
Por Sugey Díaz
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