Para las organizaciones sociales que integran el Foro por La Vida, el nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se pretende aprobar en la AN, «plantea graves restricciones a la actividad de las ONG y es una amenaza para su trabajo en beneficio de la sociedad venezolana».
Por tal motivo, rechazan de plano esta acción que se emprende desde el Ejecutivo Nacional y desde el poder legislativo en Venezuela porque, entre otras cosas, «criminaliza especialmente la solidaridad con los sectores populares venezolanos que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional».
A través de un comunicado las organizaciones aclaran que «este trabajo incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud. Antes que restricciones el espacio cívico está urgido de respeto y protección por parte de las autoridades nacionales».
Vale recordar que en el año 2006 se tuvo el primer intento de actualizar este instrumento legal que data de 1958, cuando todavía estaba en el poder Marco Pérez Jiménez.
En esa oportunidad se aprobó el proyecto en primera discusión. Luego se retomó en 2010 y 2015, pero no se pudo avanzar en su definitiva validación legislativa.
Remarcan las organizaciones que el proyecto, en sus propuestas iniciales y en la nueva, «ha vulnerado la Constitución venezolana, así como los estándares internacionales sobre el derecho a la asociación, participación, no discriminación, debido proceso y reserva legal».
Foro por La Vida advierte que «el artículo 26 incorpora sanciones que pueden acarrear hasta la «eliminación definitiva» de las Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas que, a criterio del Ejecutivo, «de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República».
Con ello consideran que «la ley criminaliza de este modo la acción de las ONG de derechos humanos y las estigmatiza en sus posibles interacciones con otros países o entidades de la comunidad internacional».
La Verdad
