Habitantes y voceros de la comunidad del municipio Bolívar rechazaron la propuesta de cerrar la frontera en horas nocturnas para atacar el problema del contrabando de extracción, al considerar que una medida de esa naturaleza sería anticonstitucional, coercitiva y arbitraria.
La propuesta de cerrar la frontera en horas nocturnas de lunes a sábado y desde las 6 de la mañana del domingo hasta las seis de la mañana del lunes, como mecanismo para reforzar el plan contra el contrabando, implementado por el Gobernador, fue planteada por José Gregorio Zambrano, miembro del equipo de gobierno del estado Táchira y candidato por el Psuv a la Alcaldía de San Cristóbal.
El exalcalde del municipio Bolívar, Ramón Vivas, indicó que una medida de este tipo sería anticonstitucional, y violaría tratados internacionales que Venezuela mantiene con Colombia y con otros países, que permiten el libre tránsito las 24 horas del día.
–Creemos que se debe confiar en la Fuerza Armada Nacional como garante de la seguridad, soberanía y el resguardo del país, pero si se llegara a cerrar la frontera como mecanismo para controlar el contrabando, sería una burla para las propias autoridades, dijo.
Vivas consideró que la población venezolana no se ve afectada por las compras tradicionales que hacen los visitantes colombianos. “Nos afecta el contrabando, que sale en camiones de carga. Lo que las autoridades deben hacer es no permitir la salida de camiones de carga diariamente después de las 9 de la noche, porque en esos vehículos es donde pasa el gran contrabando de alimentos y de combustible”.
El exalcalde también se preguntó dónde están las cámaras de seguridad que el Gobernador dijo se iban a instalar en puntos estratégicos de la frontera, cuál es el resultado de esa medida contra el contrabando.
–Mientras en Peracal le siguen quitando el mercado a las familias de San Antonio y Ureña que hacen compras en San Cristóbal, los camiones pasan cargados de productos de la cesta básica hacia Colombia, porque en la localidad de La Parada seguimos viendo el más grande Duty Free, a cielo abierto, de productos venezolanos.
Esa mercancía, dijo Vivas, no pasa en bolsitas de mercado, sino en cavas y camiones. Por eso pedimos que se cierre el paso de camiones de las 9 de la noche, pero no el de vehículos particulares, porque es violatorio de la ley, añadió.
Por su parte, el profesor y habitante de San Antonio Armando Garnica dijo que “realmente quedamos sorprendidos al leer las declaraciones de José Gregorio Zambrano, en que manifiesta la intención de hacer un estudio del cierre temporal de la frontera, como medida para minimizar el contrabando de extracción de alimentos y de gasolina”.
Nos parece que sería una medida arbitraria, agregó, que violaría todo el precepto constitucional; y por otro lado, consideramos que los problemas de la frontera no se pueden atacar con medidas represivas. Se tienen que buscar otros métodos que arrojen resultados positivos. No podemos seguir teniendo el concepto de frontera como área de contrabando, de ladrones; aquí hay gente muy capaz y preparada, que está presta a servirle al pueblo mediante proyectos de desarrollo armónico e integral.
Consideró que el posible cierre de frontera sería una medida arbitraria, coercitiva, que no conduciría a nada y traería como consecuencia mayor corrupción. Se debe buscar nuevos métodos, oír la opinión de quienes vivimos en San Antonio y sufrimos las consecuencias de la escasez de alimentos, o el problema que tenemos para echar gasolina.
Garnica cree que realmente las autoridades no quieren resolver el problema del contrabando, porque en ese negocio “hay intereses grandísimos, donde está involucrada mucha gente del alto Gobierno”.
Dijo que el problema del contrabando en la frontera debe ser revisado por el Gobierno venezolano a través de la Cancillería, para que, en conjunto con el Gobierno colombiano, busquen solución, y uno de los puntos que deben analizar es el diferencial entre el precio del bolívar y del peso.
El contrabando afecta a ambos lados de la frontera, porque en la medida en que pase mayor contrabando de alimentos venezolanos, el mercado colombiano se ve afectado y lógicamente los productores van a la quiebra. Pero si ambos gobiernos se sientan a revisar la problemática y se toman medidas, se podría ayudar a resolver el problema, apuntó.
Garnica no descartó que si voceros del gobierno regional continúan insistiendo en el cierre de frontera, los habitantes de San Antonio responderán con acciones de protesta cívica, porque una medida de esa índole violenta y vulnera principios fundamentales contemplados en la Constitución de la República.
Fuente: La Nación
