«La aplicación de la justicia no puede ser asumida como una instrumentalización de la venganza política». La afirmación la hizo el Foro por la Vida, en un comunicado difundido ayer, en el cual advirtió que esta visión «no sólo favorece la impunidad sino que resquebraja principios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura social y política de resultados impredecibles».
El bloque, que agrupa nueve organizaciones pro Derechos Humanos, expresó su preocupación por «el debilitamiento de las garantías judiciales y la judicialización como método para criminalizar» a los adversarios políticos.
El pronunciamiento lo emitieron las agrupaciones en rechazo al «grave esquema» que de «persecución judicial contra adversarios políticos, jueces, abogados, líderes sindicales y sociales, defensores de Derechos Humanos y funcionarios públicos que han tomado decisiones contrarias a los intereses políticos gubernamentales o han manifestado su inconformidad con políticas gubernamentales y han exigido el cumplimiento de sus derechos».
El Foro mencionó particularmente los casos del dirigente sindical Rubén González, quien ese encuentra sometido a juicio por participar y dirigir una huelga en la estatal Ferrominera; el de los cinco líderes de la etnia Pemón que están siendo investigados por denunciar a unos militares por corrupción; el de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni, quien permaneció casi tres años en prisión por dejar en libertad condicional a un exbanquero que tenía más de dos años detenido sin ser sometido a juicio; y más recientemente el del diputado Richard Mardo (Primero Justicia), a quien el martes la Asamblea Nacional decidirá si le allana su inmunidad, para permitir al Ministerio Público que lo procese por las donaciones que recibió de empresarios para financiar sus actividades sociales.
Las agrupaciones, en su escrito, denunciaron que en la mayoría de estos casos y otros registrados en los últimos años se ha producido una «violación del debido proceso que implica una violación del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y del principio de legalidad».
¿Cómo se da esto? En buena parte de estos casos funcionarios acusan y condenan anticipadamente a los señalados, sin esperar la decisión de los jueces. Asimismo muchas veces no les garantiza a los sospechosos que puedan defenderse y las pruebas en su contra son obtenidas de manera dudosa.
Contrario a todo
Tras advertir que esta situación viola abiertamente la Constitución de 1999, el Foro aseveró que también supone una vulneración a compromisos internacionales asumidos por el país, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Ante este grave panorama los activistas reclamaron de las autoridades que den un giro radical y «cese la criminalización y los enjuiciamientos a priori desde los más altos voceros del Estado y con el uso de instancias estatales en contra de quienes pueden ser objeto de una investigación». Pero en especial demandaron una «efectiva» separación de poderes.
fuente: EU
