La ola de protestas que vive Venezuela desde hace ya mes y medio ha causado hasta hoy 37 muertes y más de 500 heridos, mientras la justicia ratificó la medida de cárcel para dos dirigentes opositores apresados por su supuesta relación con los hechos violentos en las manifestaciones.
Este escenario se presenta al cierre de una semana protagonizada por la visita al país de una misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante dos días, que se reunió con todos los sectores de la sociedad y pidió de ellos el compromiso de deponer la violencia.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, elevó a 37 el número de fallecidos durante las protestas que desde el 12 de febrero pasado se desarrollan en el país en contra de la gestión de Nicolás Maduro, 29 de ellos civiles y ocho funcionarios de la policía militar.
El número de heridos ya asciende a 559, de los cuales 379 son civiles y 180 funcionarios policiales, mientras que los detenidos ascienden a 168, según Ortega.
Hoy, además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que la Corte de Apelaciones de Caracas negó la petición de excarcelación presentada por la defensa del líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde el 18 de febrero pasado y «declaró sin lugar el recurso de apelación» interpuesto por sus abogados.
El dirigente opositor fue acusado de presuntamente incurrir en los delitos de «determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir».
López es señalado de haber instigado los actos de violencia del día 12 de febrero, cuando una marcha pacífica acabó con ataques a bienes y edificios públicos en el centro de Caracas, una manifestación que disparó el inicio de las protestas contra el Gobierno.
El líder opositor Henrique Capriles consideró el fallo una «decisión fascista» y expresó su solidaridad con López, mientras que la esposa del dirigente preso, Lilian Tintori, señaló que la justicia venezolana negó «la verdad» al rechazar la apelación presentada por la defensa.
Tintori, además, señaló que no habrá diálogo con el Gobierno de Maduro hasta que su esposo y el resto de los «presos políticos» estén en libertad y acusó al Ministerio Público de actuar como brazo del Ejecutivo al supuestamente violar no solo el debido proceso, sino los derechos de López.
Esta jornada también fue ratificada la medida de privativa de libertad contra el opositor Daniel Ceballos que el martes pasado fue condenado a 12 meses de prisión y despojado de su cargo de alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira (oeste) por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas.
La ratificación de cárcel para Ceballos fue anunciada hoy por un tribunal de Caracas que acusó al ahora exalcalde de los delitos de rebelión civil y «agavillamiento» (asociación para delinquir) y ratificó la medida privativa de libertad en su contra.
Entretanto, la ciudad de San Cristóbal sigue siendo escenario de protestas, muchas de las cuales se han tornado violentas.
Mientras, una fuente de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó hoy a Efe que la opositora María Corina Machado, que fue despojada de su cargo como diputada el pasado martes por haber asumido la figura de representante alterna de Panamá ante ese mecanismo, nunca fue acreditada oficialmente como vocera de ese país.
La fuente de la OEA explicó que a la opositora le permitieron estar en la sesión del viernes pasado porque el trámite se había iniciado a petición del Gobierno panameño el día anterior «pero administrativamente no se finalizó», ya que antes la misión panameña «canceló la solicitud» con una carta fechada el lunes pasado.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aclaró en una carta difundida hoy que «antes de finalizarse el proceso de acreditación» de Machado, la misión de Panamá informó que a partir del día 24 «se dejaba sin efecto» su designación como su representante alterna.
El titular de la OEA indicó, además, que la figura de representante alterno está prevista en la normativa del mecanismo, sin límites de nacionalidad, y recordó que en 2009 una hondureña intervino como vocera de Venezuela ante el mecanismo.
Según la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, la opositora incumplió con el artículo 191 de la Constitución que señala que los diputados «no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura» por lo que fue despojada de su cargo al intentar hablar de la crisis de su país ante la OEA.
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