Para el abogado constitucionalista y catedrático Juan Manuel Raffalli, el país atraviesa días de mucha tensión social y una gran conflictividad entre los poderes públicos
Raffalli advierte que en la actualidad los inversionistas sienten que hay mucha zozobra.Foto: Wilfredo Yustis
Caracas.- El abogado constitucionalista y profesor universitario, Juan Manuel Raffalli, ha calificado la situación política-económica del país como la más comprometida de su historia republicana.
“Nunca habíamos tenido la inflación más alta del mundo, ni los niveles de escasez que hoy padecemos. Nunca tuvimos niveles de reservas internacionales tan bajos. Esta tragedia es la consecuencia de mantener una revolución a la que se le acabó la bonanza petrolera”.
Raffalli es un invitado permanente de los foros más importantes en los que se analizan los escenarios constitucionales que estarán presentes en el país hasta finales de este año y parte de su tarea es ofrecer a inversionistas nacionales y foráneos asesoramiento en temas como la inseguridad y la viabilidad de negocios.
–Es difícil para un empresario escudriñar el panorama de las reglas de juego que se le presentan, el ambiente de negocio que priva en el país actualmente. Estamos viviendo días de mucha tensión social y una gran conflictividad entre los poderes públicos. Los empresarios están afectados por esta situación y las nuevas leyes que aprueba la AN podrían crear más incertidumbre, sea porque son boicoteadas por el Poder Judicial o sea que el Poder Ejecutivo comience a darle vueltas a las normas para no acatarlas.
–Algunos analistas sostienen que la elección de diciembre evitó que el país fuera sacudido por un estallido social, pero a la luz de los hechos ¿cree usted que estamos a las puertas de una explosión social en los próximos meses?
–Lo creo posible, pero no tanto porque haya una especie de movilización política. Este tipo de movilizaciones tienden a ser más bien pacíficas. Creo que hay una posibilidad de un estallido social que no tiene necesariamente que ser del tipo del Caracazo, sino miles de manifestaciones de descontento. Y esto viene dado por una ecuación muy sencilla que además está estudiada desde el punto de vista sociológico y económico y es que a la gente se le está llevando al nivel mínimo de subsistencia. Cuando eso pasa, las sociedades estallan por el estado de necesidad que padece y por la desesperación que los embarga. Eso es lo que va a marcar la pauta de lo que va ser el futuro del país en los próximos meses, muy pocos meses. Tenemos una crisis eléctrica que avanza rápidamente y eso hace que la gente se vea en una situación desesperada. Ni hablar de la salud que va a traer un tema de conflictividad muy agudo. Ahí es donde la dirigencia política tiene que estar a la altura para abrir los cauces institucionales para evitar que esto se convierta en una tragedia para el país y abrir la posibilidad de un cambio que es lo que la gente está pidiendo a gritos.
–¿Hay posibilidad de cambio, en el corto plazo?
–Mientras más demore el cambio más se va a deteriorar el estado de cosas y más cerca estaremos del estallido social. El Gobierno trata de hacer algunos manejos como titularizar oro para conseguir algo de dinero y buscar empréstitos directos con otros países, pero esos son pañitos de agua tibia. El problema es estructural, tu no puedes pasar 17 años apedreando al que más produce (los empresarios) y ahora decirles que se acabó el dinero del petróleo y que por favor ayuden. Esta crisis no se va a resolver si no se apela a ayuda internacional, se reduce el tamaño del Estado y se asume una disciplina fiscal que permita destinar recursos a la importación de bienes y materia prima para reactivar el aparato económico. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de un populismo exacerbado y en una visión mezquina de lo que es la política.
Zozobra financiera
–¿Cuál es el peligro que corren los inversionista en una situación como la que acaba de describir?
–Los inversionistas no cuentan con un marco jurídico formal, legítimo y vinculante sino que sienten que hay mucha zozobra respecto a como se aplican las normas, a eso habría que añadir la muy clara posibilidad de que se activen mecanismos constitucionales para que haya un cambio de Gobierno durante este año. Se van a unir estas dos cosas, por un lado habrá una serie de leyes y actos parlamentarios cuya ejecutoria corresponde al gobierno nacional y que no se sabe cómo ni de que manera las van a cumplir y por el otro, un ambiente de polarización política en el que la sociedad se está moviendo hacia un cambio necesario. En ese entorno hay que analizar cual debe ser el papel más prudente para la empresa privada.
–¿Cómo percibe usted el desempeño alcanzado hasta ahora por la AN?
–Creo que la Asamblea Nacional está actuando valientemente porque está siendo víctima de una especie de cayapa institucional. Este es el único país del mundo donde el Poder Judicial junto con el Poder Ejecutivo se dedican a ponerle zancadillas al poder público más democrático y más legítimo que es el parlamento. Esa anomalía no es fácil de manejar, sin embargo la Asamblea ha ido con valentía y mucha claridad cumpliendo objetivos. Lo más importante es que está tratando de dar los debates y producir leyes que tienen que ver con la problemática que afecta a la gente y concretamente los temas que tienen que ver con la productividad para poder tener calidad de vida. Asuntos como la titularidad de la propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la reforma del Banco Central de Venezuela, sobre todo la ley de producción nacional, son leyes que evidentemente van a ir mejorando al país y a ponerlo en la ruta del despegue hacia la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes, algo que se ha perdido por una desidia y una visión absolutamente equivocada de lo que es el modelo económico.
–Otra disposición que está afectando al empresariado es la inamovilidad laboral ¿cómo ve usted el panorama de los empleadores?
–Esta norma, que cumplirá 17 años en 2018, ha impedido el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en las empresas, fomenta tanto el ausentismo como el presentismo, entendiendo este último como la gente que se presenta en sus sitios de trabajo, pero nada hace ahí durante la jornada. Esto ha obligado a que el empresario recurra a argumentos como la “cajita feliz” para poder salir de la gente y esto termina descapitalizando la empresa. Esa medida es otro de los elementos que constituye ese cerco empresarial que termina siendo la verdadera causa por la que hay escasez.
–¿El control de precios realmente afecta el normal desenvolvimiento de la economía doméstica?
–Esa es una de las principales distorsiones porque la escasez de dólares oficiales obliga al empresario a recurrir al mercado paralelo, pero no pueden reflejar esos costos en sus precios. Esa es una realidad y nadie trabaja para quebrar, de allí viene la escasez, porque los inversionistas prefieren cerrar. Eso fue lo que pasó con Clorox y otras empresas que se han ido del país, tienen que bajar la santamaría. El gobierno nacional argumenta que se trata de especulación y tilda al empresariado de ladrones y resulta que la verdad es que el modelo económico que nos rige dilapidó 876 millones de dólares y ahora hay una escasez brutal.
De perfil
Juan Manuel Raffalli nació el 2 de junio de 1963. Es abogado egresado, en 1986, de la Ucab. Actualmente se desempeña como catedrático de postgrado en Derecho Procesal en la misma universidad. Es profesor de la cátedra “Justicia y Proceso” de la Universidad Metropolitana. Profesor de Entorno Regulatorio en cursos sobre gerencia, en el Iesa. Socio de Raffalli de Lemos-Halvorssen-Ortega y Ortiz. Abogado de parte y árbitro tanto de equidad como de derecho en varios procesos arbitrales. Directivo de la Cámara de Industria y Comercio de Caracas. Miembro de los Comités de Asuntos Legales y de Arbitraje de Venamcham.
Fuente: El Tiempo.com.ve
Gustavo Gil
