En nombre de la patria, la diputada Ilenia Medina apoya y promueve la idea de reformar la Constitución para retirar la nacionalidad a dirigentes opositores como María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López. Julio Borges. «A todos…porque ninguno se salva», le dijo a Michel Caballero, conductor y «compañero» de Hablando Claro.
Es la vía sandinista de Daniel Ortega y su mujer, tan cuestionada por los gobiernos democráticos de América y de Europa y cuyo calco se teme en Venezuela.
Sin embargo, no ha ocurrido porque la izquierda de verdad es «muy humanitaria», dice solemne. Pero ella parece fascinada por la idea de que la justicia alcance a quienes responsabiliza de una política criminal a favor de intereses extranjeros.
Medina es la secretaria general de Patria Para Todos (PPT), organización política de vida azarosa y rumbo errático que nació de un desprendimiento de La Causa Radical (LCR), que a su vez surgió de la división del Partido Comunista de Venezuela a inicios de la década de los setenta, y que durante el chavismo sobrevivió a duras penas a más escisiones. Ahora es una sigla del Gran Polo Patriótico y, por tanto, nada se pierde siendo más papista que el Papa.
Pensará, quizás para sus adentros, que las ideas descabelladas no son propiedad de Luis Ratti y, además, en el socialismo bolivariano son las únicas que gozan de buena salud.
Su hermano Pablo Medina, quien militó en aquel PCV que hizo la guerra a la naciente democracia de los años sesenta del siglo pasado y participó luego en la formación de LCR, llamó a los venezolanos en España a votar por Vox en las recientes elecciones. Para él, la política delicuencial la ejercen en la madre patria Pedro (Sánchez) y Pablo (Iglesias), Zapatero y el juez Garzón, con lazos con el régimen de Maduro. Menos mal que puso agua de por medio.
Vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la asamblea oficialista, Ilenia Medina tiene una especialización en política internacional por la Universidad de Brasilia y es asidua al Foro de Sao Paulo. Tiene un ojo clínico para detectar actos de lesa patria en los opositores y le sobran esguinces para esquivar el tema de la violación de los derechos humanos por parte de esa «revolución tan humanitaria» que defiende. Se ha declarado antiinformes de organismos internacionales, en los cuales se documentó la tortura, el encarcelamiento arbitrario, los juicios amañados y la muerte en extrañas circunstancias.
Fascismo y la consiguiente acusación de fascista son comunes en el lenguaje de Medina, términos que en verdad han sido extraños en el debate político venezolano, al menos durante las cuatro décadas de la democracia conquistada en 1958. Con ese prisma, nunca estaría de acuerdo con una amnistía política como han reclamado organizaciones civiles y dirigentes políticos para regularizar la confrontación y abrir espacio a la superación de la crisis venezolana.
Editorial de El Nacional
