Este miércoles cumple un año en la cárcel el detenido más prominente de las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014, el político opositor Leopoldo López.
Desde entonces, su juicio ha avanzado poco, una vez cada tanto vuelven las denuncias de tratamientos arbitrarios en la cárcel militar donde se encuentra y mes a mes se han sumado más organizaciones internacionales de Derechos Humanos a rechazar su detención, que consideran política.
Mientras tanto, otros detenidos menos prominentes viven condiciones similares, según las organizaciones y los abogados que los representan.
Uno es, por ejemplo, el excalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que está recluido en la misma cárcel que López, Ramo Verde.
Y otro es Christian Holdack, un estudiante que, según varios informes de organizaciones de DD.HH., sufrió agresiones físicas y psicológicas cuando lo arrestaron y hoy es procesado junto a López.
Holdack, como el líder opositor, es acusado de ser autor intelectual de las muertes y autor material de los daños a edificios del Estado ocurridos aquel 12 de febrero, que inauguró una ola de protestas de cuatro meses que dejó 43 muertos y más de 800 heridos.
Y, según la Fiscalía, 3.351 detenidos.
¿Cuántos son?
De esos 3.351 detenidos hoy no queda claro cuántos quedan en la cárcel.
Según las cifras de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, 41 personas permanecen privadas de libertad por hechos relacionados a las protestas.
«De las privadas de libertad, 27 son civiles y 14 funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB)», dijo en una rueda de prensa la semana pasada.
Díaz no detalló de qué están acusados cada uno de ellos ni reveló sus nombres.
Sin embargo, aseguró que de las 3.351 personas detenidas, «1.436 fueron sobreseídas, 1.402 acusadas, 6 están con archivo fiscal y 507 todavía están en el proceso de investigación».
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, informó hace un mes que los detenidos son 51, de los cuales 14 son funcionarios de la policía acusados de abuso de la autoridad o tratos crueles.
Su identidad, añadió, «es parte de la reserva legal».
Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que ha dado apoyo legal a muchos de los detenidos, dice que son 60, sin incluir a los funcionarios del Estado.
«Nosotros (el Foro Penal) nos ponemos a disposición de la Fiscal para compartir estas cifras, sin temor a corregirlas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta para reunirnos», dijo Alfredo Romero, director de la organización, la semana pasada en una rueda de prensa.
El dato del número de detenidos hoy, pues, no es claro. Como tampoco es el dato de los muertos en las protestas: el Ministerio Público contó 43, la Defensoría del Pueblo 48 y el Foro Penal, 44.
Y de esas muertes, solo una ha sido oficialmente resuelta por la justicia.
A un año de las protestas, son más las preguntas que las respuestas.
De las 43 muertes que hubo en las protestas, solo una fue resuelta por la justicia.
En qué están
Aunque todos los casos de los detenidos son distintos, los expertos en DD.HH. coinciden en que hay varios puntos de coincidencia.
Primero, «todas son personas que no han sido sentenciadas, sino que están siendo procesadas en un tribunal», le dice a BBC Mundo Nizar El Fakih, un abogado del centro de DD.HH. de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas que ha seguido de cerca más de 1.000 de estos casos.
«Segundo, son personas que cuyos juicios, como en el caso de López, han sido diferidos varias veces», dice, sobre una tendencia que muchos opositores ven como una forma de mantenerlos en prisión.
Y tercero, continúa, «en la mayoría de estos casos se ha violado el debido proceso, pues se priva de libertad con un análisis demasiado flexible de si hay o no un peligro de que el acusado se fugue o de si puede obstaculizar el proceso».
Sin embargo, tanto la Fiscal como el Defensor del Pueblo han manifestado que, según ellos, se ha respetado el debido proceso.
De qué los acusan
La mayoría de los más de 3.000 detenidos durante las protestas fueron o son acusados, sobre todo, de tres delitos: instigación pública (llamar a otros a cometer delitos), obstaculización de vía públicas con el objeto de producir un siniestro y agavillamiento (asociarse con otros para cometer delito).
Ese, por ejemplo, es el caso de Leopoldo López. Sin embargo, no queda claro de qué están acusados todas las demás personas que siguen en la cárcel por las protestas.
Los informes de las organizaciones de DD.HH. (entre las que se incluyen la ONU y Human Rights Watch) coinciden en que la mayoría de los más de 3.000 casos de arresto representan una violación a los DD.HH., sea por detención arbitraria o tratamiento indebido.
Sin embargo, estos informes admiten que durante las protestas de hace un año una minoría de manifestantes cometieron delitos.
«La mayoría de los detenidos son claramente inocentes y hemos podido verificar que fueron arrestados, y a veces maltratados, por su simple desacuerdo con el gobierno», dice El Fakih.
«Pero hubo excepciones», añade.
«Desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAB no hemos negado que en algunos casos aislados hubo violaciones a la ley de parte de algunas personas que se encontraban manfiestando, pero siempre hemos insistido en que es una excepción, a diferencia de la narrativa del gobierno, que dice que todos los detenidos fueron violentos», concluye.
Y pone el ejemplo del último informe sobre las protestas que publicó -en julio- el Ministerio Público, que según él con solo el título criminaliza de entrada a todos los manifestantes: «Resultados de las manifestaciones violentas febrero-junio 2014».
Daniel Pardo
BBC Mundo, Caracas
