Luego de rendir homenaje al asesino de masas Mao Zedong y antes de aterrizar en Estambul, Turquía, para protagonizar el pantagruélico almuerzo que ha causado un escándalo en el planeta entero, Maduro ha conseguido que China le otorgue un crédito por 5.000 millones de dólares. Ese monto viene a sumarse a los varios financiamientos que China le ha otorgado al régimen de Chávez y Maduro (no a Venezuela), y que sumarían una cifra próxima a los 70.000 millones de dólares.
Todas, sin excepción, han sido operaciones opacas. Ni siquiera los más importantes expertos del planeta han logrado conocer con precisión el contenido de los contratos: cómo ha sido el flujo de esos dineros; por qué vías han llegado a las manos corruptas del gobierno; cuáles son las contraprestaciones y garantías que han comprometido Chávez y Maduro, a costa de los venezolanos; a qué tasas de interés se han aceptado tales financiamientos; a qué precios reciben los chinos cada barril de petróleo que se les envía para amortizar la deuda; en qué consisten, de forma concreta, los más de 780 proyectos que, de acuerdo con los anuncios del poder, forman parte de los convenios que han firmado. En resumen, los venezolanos no sabemos cuántos dólares han recibido Chávez y Maduro, qué han hecho con ellos, cuánto se han robado, cuánto han dilapidado, cuánto han pagado y, en consecuencia, qué significa todo esto para los recursos naturales y las materias primas que sí pertenecen a la nación y a los venezolanos, y no a la banda de ladrones que ha recibido esa inmensa cantidad de dólares.
Lo poco que los venezolanos sabemos de esos intercambios es alarmante: un Fondo Chino, del que desaparecieron centenares de millones de dólares; una planta de autobuses Yutong, ubicada en Yaracuy, cuyos productos se amontonan inservibles en estacionamientos distribuidos en varias partes del país, en medio de una crisis total del transporte público; una planta de vehículos marca Chery, que se paraliza a menudo, que viola la Ley del Trabajo y los derechos de los trabajadores, y que ha puesto a circular vehículos de mala calidad, cuyos repuestos son casi imposibles de conseguir; una mafia de origen chino que, dedicada al fraude y el lavado de dinero, ha operado con la complicidad y la protección de Pdvsa, amparada en los acuerdos entre los chinos y Maduro, y que incluso habría recibido una preciada concesión para la pesca de atún en los mares venezolanos, de acuerdo con una denuncia que ha sido ventilada en la legítima Asamblea Nacional.
Quien se ponga en la tarea de recopilar las falsedades con que el gobierno ha rodeado cada uno de esos financiamientos se preguntará, ¿dónde están las plantas eléctricas, los procesos de modernización de los centrales azucareros, las fábricas para la producción de alimentos y de teléfonos móviles, los centros de producción y ensamblaje de computadoras, las operaciones de dragado de las vías acuáticas en todo el territorio? ¿Cuál ha sido el número de electrodomésticos importados y el de fabricados en el país, en el negocio de Haier? ¿Cuántos de los taladros para las operaciones petroleras fueron ensamblados en el país y cuántos se trajeron desde China?
Pero los señalados son apenas los elementos visibles de otros aspectos de fondo, que obligan a preguntarse por la legalidad de estos préstamos y de las condiciones en que han sido firmados por el régimen. No sabemos qué significan esos contratos para las industrias extractivas venezolanas, como el petróleo y minerales como el oro; no sabemos cuáles son las garantías e hipotecas que han ofrecido sus beneficiarios; no sabemos quién fija los precios de esas transacciones; no sabemos cuánta injerencia se permite al prestamista en las operaciones que tienen lugar en territorio venezolano.
Un capítulo especialmente sensible, cuyos contenidos, tarde o temprano serán de conocimiento público, es el candente asunto de cuánto dinero de esos préstamos ha sido para la adquisición de armas a la propia China, armas con que los uniformados del régimen han asesinado y reprimido a los ciudadanos venezolanos. No sabemos cuánto de ese dinero se utiliza para la adquisición de tecnología china que se utiliza para espiar y perseguir a los ciudadanos demócratas.
Más sustantivo aún es lo referido a la legalidad de esos financiamientos que no han sido autorizados por la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido de forma inequívoca en la Constitución vigente. Además, y esto es sustantivo, no solo se ha violado un requisito inexcusable, sino que la entidad que ha solicitado esos préstamos es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Es un régimen delincuente, que existe fuera de la legalidad. Por lo tanto, los dólares que recibe para mantenerse en el poder, robar, dilapidar y comprometer los bienes que son propiedad de la nación y de sus ciudadanos son un asunto entre el régimen que mantiene el culto a Mao Zedong y el que está dedicado a la destrucción de Venezuela.
Dicen expertos del más alto nivel que el valor por barril que China paga a Maduro está entre 40% y 50% por debajo de su valor de mercado. Si estas cifras se confirman, se trataría del más leonino y abusivo contrato jamás firmado en contra de los intereses de la nación venezolana. Por lo tanto, cuando China agrega 5.000 millones de dólares a la deuda, con el objetivo de aumentar la producción petrolera y lograr que le envíen 1 millón de barriles de petróleo al día, está apostando por que hará un negocio de una rentabilidad sin precedentes en la historia petrolera venezolana, desde 1945 a esta fecha. El negocio de China es triple y descomunal: cobra intereses, compra el petróleo a un precio subsidiado y se hace del control de las reservas de petróleo y otros minerales de Venezuela.
Mi pregunta: ¿quién pagará los préstamos del triple negocio chino? ¿El próximo gobierno de transición? ¿El gobierno que salga escogido de unas elecciones limpias y transparentes? ¿El régimen de delincuentes que tienen a Pdvsa como un campo para la corrupción y la incompetencia? ¿En qué tribunales reclamarán los dólares entregados a un régimen ilegítimo, ilegal, fraudulento, corrupto y sistemático violador de las leyes y los derechos humanos?
Editorial de El Nacional
Miguel Henrique Otero
@miguelhotero
