El régimen venezolano envió a Ginebra una alta comisión de funcionarios -encabezada por el canciller Yván Gil y secundada por el fiscal general, Tarek William Saab, además de miembros del sistema de justicia y del parlamento- para defender «la verdad» sobre los derechos humanos en el país. Se examina el quinto informe sobre la materia en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gil, en su cuenta de la red X, envió un primer balance: uno, el Comité «se ha querido utilizar para escalar la agresión contra Venezuela», dos, con «datos reales, cifras, estadísticas y la documentación debida hemos demostrado cómo el Estado ha actuado en la protección de los derechos humanos». Ambos aspectos delinean la actuación de la comisión oficial, que se resume en un concepto: el mundo al revés.
Una sucesión de videos -que Acceso a la Justicia ha recopilado- dan cuenta de la otra cara del debate:
Hélene Tigroudja -una de las expertas del Comité y catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Aix-Marseille- hizo precisiones terminantes: uno, el argumento de las medidas coercitivas unilaterales de las que es objeto el Estado es conocido, pero no es pertinente cuando se tiene un diálogo sobre el pacto de derechos humanos; dos, lo que aborda el Comité es sobre corrupción, tortura, violaciones graves y sistemáticas del derecho a la vida, criminalización de las actividades de los periodistas, defensores de derechos humanos, de dirigentes indígenas y opositores políticos, y de militarización de la vigilancia de las reuniones pacíficas. Y eso, remarcó, no tiene nada que ver con el «régimen de sanciones». Nada excusa, por tanto, el irrespeto a la condición humana.
Otro miembro del Comité, José Manuel Santos -vinculado a la Fiscalía portuguesa desde 1977, donde llegó a ser asistente del fiscal general- dijo, sorprendido: «Jamás he visto a un fiscal general aquí, en este Comité, defender de tal forma el gobierno de su país, cuando el fiscal general normalmente debe preservar su situación de independencia frente al gobierno de su país».
Carlos Gómez Martínez -magistrado y primer español en integrar el Comité- intervino para defender el honor de los miembros del Comité ante la andanada de «la misión» del régimen venezolano. «Nunca se habían proferido tantas descalificaciones que he tenido la paciencia de anotar, parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo preparando este diálogo, irresponsables, temerarios, voceros de partidos que han cometido crímenes…». El experto español pidió a la presidencia del Comité que los ampare. Quedó al descubierto un rasgo notorio e impresentable de la conducta oficial que los venezolanos hemos soportado por dos décadas y contando.
El canciller Gil, el jefe de esta delegación sin finura ni sensatez, que cree que los expertos de la ONU desconocen la realidad venezolana, dijo sin despeinarse que las inhabilitaciones son parte de un discurso de la oposición para atacar «la institucionalidad venezolana». Y añadió: «No hay ni una persona en Venezuela que haya perdido el derecho a elegir o ser electo».
Lo que hay -dijo que iba a ser enfático- es el caso de «algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública. No se les conculca ningún derecho político, pueden elegir, pueden ser electos pero (¡PERO!) por hechos de corrupción han sido inhabilitados. Hay más de 5.000 funcionarios que han sido sancionados por la Contraloría».
¿Alguien lo entiende? Todos los venezolanos tienen sus derechos políticos intactos. Menos los corruptos de la oposición. Tareck el Aissami, si apareciera, puede votar y ser elegido, con la bendición de la Contraloría y el aplauso de Yván Gil.
Editorial de El Nacional
