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¿Qué significan los poderes especiales otorgados a Maduro para legislar?

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¿Qué significan los poderes especiales otorgados a Maduro para legislar?

La Asamblea Nacional en Venezuela otorgó este domingo al presidente venezolano Nicolás Maduro poderes especiales para legislar por decreto hasta el próximo 31 de diciembre, luego de que el mandatario pidió tales facultades para hacer frente a la “amenaza del Gobierno de Estados Unidos”.

 

El pasado lunes, la Casa Blanca declaró a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional y sancionó a más funcionarios del país petrolero por supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

 

“Esta ley habilitante surgió como una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela”, dijo el presidente Maduro en la sesión parlamentaria.

 

“Este es el momento de estar con la patria o estar con los traidores”, dijo por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al entregarle al mandatario el documento aprobado.

 

Para qué servirá

 
La Ley Habilitantes es un dispositivo legal previsto en la Constitución para afrontar necesidades y emergencias, y que busca reducir plazos administrativos y dar respuesta oportuna y eficaz a personas afectadas por una situación particular.

 

Esta es la segunda vez desde que asumió la presidencia hace casi dos años que Maduro solicita una “ley habilitante” a la Asamblea Nacional, dominada por el partido oficialista Psuv.

 

En 2013, la ley que le otorgó poderes especiales le facilitó seis semanas para legislar y resultó en cerca de 40 leyes, incluidas la que fijó el margen de ganancias a las empresas y la centralización de la distribución de alimentos.

 

El artículo 1 de la Ley Habilitante señala que su objetivo es “proteger al pueblo frente a actuaciones de otros países o entes económicos o transnacionales”.

 

En la práctica, Maduró tendrá la potestad de emitir leyes que considere convenientes para alcanzar este fin de aquí a final de año.

 

Al igual que en 2013, el instrumento que ahora le otorga poderes especiales al presidente no alude específicamente a las leyes que el mandatario planea aprobar.

 

El proyecto de ley enviado por Miraflores solicitaba autorización para legislar por decreto en forma “preventiva y de resolución” en los siguientes ámbitos:

 

Garantía del ejercicio de los principios constitucionales y del Derecho Internacional Público de soberanía, independencia, libertad, libre determinación de los pueblos, no intervención en sus asuntos internos, igualdad soberana de los Estados, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos.

 
Fortalecer la protección del pueblo y de todo el Estado frente a las agresiones extranjeras y de factores internos dirigidos a perturbar la paz, tranquilidad pública y económica nacional.

 
Reforzar la eficacia del principio democrático de participación protagónica y el valor de la solidaridad colectiva contra tales amenazas.
Fortalecer las alianzas estratégicas de Venezuela con América Latina y el Caribe.
Establecer normas para fortalecer el sistema de responsabilidades administrativas, civiles y penales en resguardo de los principios enunciados.
Todo esto le quedó autorizado por vía Habilitante

 

Críticas

 
Por su parte, voceros de oposición cuestionaron la Habilitante y especularon con los que creen son los verdaderos motivos detrás de su aprobación.

 

Algunos, como Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, apuntaron a la posibilidad de que se use la Habilitante para facilitar la represión: “La Ley Habilitante Antiimperialista será un instrumento contra el enemigo interno y, como las habilitantes de Maduro, orientada a socavar los derechos humanos”, dijo en la red social Twitter.

 

“Quieren impedir manifestaciones y neutralizar los factores políticos porque saben que se acercan las elecciones parlamentarias”, coincidió el portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Antonio Ricóveri.

 

Otros, como el parlamentario opositor Eduardo Gómez Sigala, expresaron que se trata de una cortina de humo. “Con la discusión de la normativa legal se buscan ocultar los verdaderos problemas de los venezolanos como la escasez, la devaluación, entre otros asuntos sociales”, resaltó.

 

Con información de BBC Mundo

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