La denominada «presa de Chávez» fue encarcelada en diciembre de 2009 por hacer cumplir la ley
La juez María Lourdes Afiuni, en su celda de la prisión de Los Teques (Venezuela), junto a una imagen de la Virgen de Coromoto, en una magen de 2010
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, instó al gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, a realizar un juicio justo, independiente e imparcial para resolver la situación de la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada desde hace más de seis años.
Por órdenes del presidente difunto, la denominada «presa de Chávez», fue detenida a finales de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico, Eligio Cedeño, quien para ese momento ya había cumplido el lapso de su prisión preventiva.
En su informe anual, fechado del 29 de junio y 30 de julio, el Comité de la ONU exhorta al Ejecutivo nacional a garantizar un sistema judicial autónomo e independiente e imparcial y resolver la situación de la juez Afiuni.
Desde el primer momento la juez Afiuni fue encelada en la prisión de mujeres del Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, en Los Teques, a media hora de Caracas, donde fue entrevistada por ABC. Pero en febrero de 2011 le permitieron el arresto domiciliario por problemas de salud, luego de haber sido violada en el INOF. Y el 14 de junio de 2013 se le otorgó libertad condicional bajo régimen de juicio.
Pero hace 23 días la juez María Lourdes Afiuni decidió romper el silencio. En la audiencia que se realizó el 30 de julio pasado relató al juez Manuel Bognano los detalles de la tortura, maltrato y violación que sufrió durante el año 2010 cuando estuvo presa en la cárcel de mujeres.
La abogada Thelma Fernández, quien comparte la defensa con José Amalio Graterol, dijo que Afiuni tomó la decisión de entrar a la audiencia debido a las declaraciones que hizo la fiscal Luisa Ortega Díaz en Ginebra, donde negó que exista una denuncia sobre violación y tortura contra la juez.
Agresión sexual
Según Fernández, Afiuni explicó al Tribunal «cómo le destruyeron la vagina, el ano y la vejiga cuando custodias del INOF y funcionarios del Ministerio de Justicia la violaron».
«Narró que recibió una patada con la bota de una Guardia Nacional que le causó una distorsión en una cuarta parte del seno. Además, destacó que al lado de la celda trasladaron reclusas que ella condenó y fue víctimas de varias golpizas, y nadie hizo nada para evitarlo. Confesó que en varias oportunidades le rociaban gasolina a su celda», agregó la representante legal.
La abogada Fernández también dijo que en el penal de mujeres «hubo un conato de incendio y evacuaron a todas las internas, menos a la juez Afiuni a quien dejaron encerrada en su celda».
«Las pruebas de maltrato, tortura y violación contra Afiuni están en el expediente y en la Organización de Naciones Unidas (ONU), por eso expertos, relatores y comisionados de organizaciones internacionales han emitido tantos pronunciamientos sobre el caso. No es que estén parcializados como insinúa y dice Luisa Ortega Díaz, es sencillamente que tienen en sus manos todas las pruebas que confirman todo lo que sucedió con la magistrada», indicó Fernández.
«Me destruyeron la vida»
Afiuni ha pedido permiso para viajar a Ginebra para defenderse y denunciar a la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Su petición fue negada al igual que le medida de libertad plena.
«En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi familia», expresó la jueza Afiuni en la audiencia, al tiempo que aseveró que «en Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno». Tiene prohibición de salida y de hablar con los medios nacionales e internacionales y de escribir en las redes sociales Twitter y Facebook.
«Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención», dice el informe de la ONU
Por otra parte, el Comité se refiere a la suerte de los políticos opositoresLeopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su encarcelamiento «ha sido declarado arbitrario por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria».
Asimismo, los expertos se preocupan sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de información y pide al Estado que reconsidere la «despenalización de la difamación».
Fuente: ABC.es
LUDMILA VINOGRADOFF / CARACAS
