El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el sábado la ley que permite declarar como “indeseables” a organizaciones no gubernamentales extranjeras o sus representantes y vetarlos en el país; también castigar incluso con penas de prisión a quienes colaboren con ellos. A tenor de la ley, el Fiscal y primer vicefiscal de la Federación Rusa serán los encargados de tomar las decisiones al respeto basándose en concepciones no especificadas de la seguridad del Estado y de las amenazas para ella.
La ley afecta a las organizaciones que “suponen una amenaza para la capacidad de Defensa o la seguridad del Estado, o bien al orden público o la salud pública, con el fin de defender las bases del orden constitucional, la moral y los derechos e intereses legales de otras personas”. Los “indeseables” podrán ser sancionados de forma administrativa y penal con multas de hasta 500.000 rublos (algo menos de 10.000 euros) y condenas de 2 a 6 años de cárcel, en caso de reincidencia.
La medida refuerza los instrumentos desplegados por la actual administración rusa para protegerse de la influencia exterior y constituye un elemento disuasorio para la relación de sus ciudadanos con entidades internacionales.
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El documento formalmente fue redactado por dos parlamentarios no pertenecientes al partido gubernamental Rusia Unida, aunque analistas parlamentarios opinan que su verdadero origen está en el Consejo de Seguridad de Rusia. La ley fue admitida a trámite en la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) en noviembre de 2014 y fue aprobada en segunda y tercera lectura el 15 y el 19 de mayo respectivamente.
El Consejo de la Federación (Senado), aprobó la ley el 20 de mayo y, sin esperar a agotar el plazo de 15 días a su disposición, el presidente Putin la firmó haciendo oídos sordos a las exhortaciones de distintas entidades, entre ellas Consejo de Derechos Humanos adscrito a la presidencia, los responsables de medios de comunicación de la OSCE, Amnistía Internacional y otras ONG. Estas entidades alegan que la medida puede ser utilizada de forma arbitraria contra los derechos cívicos de los rusos .
En la primera versión de la ley, la Fiscalía del Estado debía decidir si una organización o persona podía ser considerada “indeseable”, a propuesta de los organismos de Seguridad y Orden Público. En la versión aprobada definitivamente, el Fiscal General o sus adjuntos deciden por sí mismos, tras concertarlo con el Ministerio de Exteriores, y no se especifica con qué criterios o a requerimiento de quién. Una de las características del documento, aparte de la nebulosidad de los criterios para su aplicación, es la dificultad para recurrirla, pues en el procedimiento para declarar “indeseable” a una entidad o persona no se contempla la intervención de los jueces. Las organizaciones internacionales declaradas indeseables no podrán operar en Rusia.
El proyecto “está destinado a aumentar la eficacia de la oposición a los desafíos negativos del terrorismo internacional y extremismo”, afirmaba el vicepresidente del Gobierno, Serguéi Prijodko, en un dictamen sobre la ley. En Rusia son los jueces quienes deciden si alguien es culpable de extremismo o terrorismo y los acusados pueden recurrir a instancias superiores.
Además de la lista de organizaciones consideradas agentes “extranjeros”, ya en vigor y con varias docenas de entidades fichadas, el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa será depositario de una nueva lista, esta vez de “organizaciones indeseables”. La diferencia entre una y otra es que la de “agentes extranjeros” es elaborada por el mismo ministerio y la de “indeseables” por la Fiscalía.
Fuente: ElPais
