El régimen venezolano intenta en La Haya revertir la decisión del 27 de junio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, mediante la cual se autorizó a la Fiscalía de ese tribunal a continuar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Para cumplir ese cometido, el régimen de Maduro apeló y la sala de apelaciones convocó a dos audiencias que comenzaron ayer y terminan hoy para escuchar los argumentos oficiales, pero también a la Fiscalía y la Defensoría Pública de las víctimas. Luego, los jueces deliberarán y en el tiempo que consideren oportuno emitirán una decisión.
La estrategia oficial es muy clara y ha sido expuesta por sus voceros: usar todos los recursos a la mano para supuestamente defender sus derechos, pero en realidad se trata de impedir con recursos formales de todo tipo la reanudación de la investigación. Es decir, no llegar nunca al fondo del asunto, que es el reconocimiento de las víctimas, los vejámenes a las que fueron sometidas y evadir la responsabilidad sobre la grave vulneración de los derechos humanos.
El régimen no escatima recursos para su defensa. El equipo oficial está encabezado por el abogado británico Michael Benedict Emmerson, especializado en derecho internacional público, derechos humanos y derecho humanitario, y derecho penal internacional. Nacido en Kent hace 60 años, Emmerson es comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al derecho humanitario internacional y de los derechos humanos. La pregunta es: ¿la factura de este gran hombre conocedor de las leyes y sus caminos torcidos terminará de quebrar las arcas «bolivarianas»?
Entre los muchos clientes de Emmerson, además de gobiernos extranjeros y del propio Reino Unido con el que ha actuado a favor y en contra, se encuentran Julián Assange, el creador de Wikileaks, quien, según el diario español 20minutos, entre otros asuntos se convirtió en difusor en las redes de la causa secesionista catalana; también el clérigo Abu Qatada, presunto líder espiritual de Al Qaeda en Europa, y el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, fugado de la justicia española y quien tiene la llave para que Pedro Sánchez continúe en la presidencia del gobierno del país ibérico.
Emmerson tiene como tarea lograr que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas admita una demanda de Puigdemont por la presunta violación de sus derechos por el Estado que encabeza Felipe VI, y cuyo gobierno lidera, aunque en funciones, su muy previsible socio Sánchez.
En la sesión de ayer en La Haya, a pesar de todos los formalismos puestos en debate por el abogado británico, la Fiscalía de la CPI y la Defensoría Pública de las víctimas rebatieron cada una de sus argucias y dejaron claro que el régimen venezolano no está investigando, como pretende hacer ver, las violaciones de derechos humanos denunciadas.
El presidente de la Sala de Apelaciones, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut precisó: «Las víctimas (cerca de 9.000) han presentado escrituras que son documentos muy sustanciales, muy densos, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente».
La batalla -no hay otra forma de llamarla- sigue hoy en el tono deliberado de entorpecimiento del régimen, que logra retrasar el proceso pero sin agotar la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, la condena de los responsables y la reparación de las múltiples víctimas.
Editorial de El Nacional
