En una reciente publicación de la Gaceta Oficial Nº 42.827, fechada el 27 de febrero de 2024, se anunció un cambio significativo en la regulación del servicio de entregas a domicilio (delivery) en Venezuela. La Providencia Administrativa CJ/012/2023, que establecía las directrices para el funcionamiento de este servicio a través de plataformas digitales y redes sociales, fue oficialmente derogada.
La normativa en cuestión había entrado en vigor el 6 de febrero de 2024, marcando un breve periodo de ajustes en el sector. Sin embargo, su vigencia fue corta, ya que el Gobierno decidió dar marcha atrás en esta regulación.
Bajo la administración de Nicolás Maduro, se había instaurado una providencia que imponía un impuesto del 1% sobre las transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales, afectando a un sector en crecimiento durante los últimos cinco años.
La disposición anterior, reflejada en la Gaceta Oficial del 5 de febrero, exigía a las empresas de delivery inscribirse en un registro controlado por Ipostel, con un costo de 300 dólares (USD) por licencia, un requisito que generó gran descontento entre los actores del mercado.
Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, comunicó que el Gobierno había decidido “dejar sin efecto” la mencionada regulación. Además, se anunció la transferencia de Ipostel del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Transporte, buscando una mejor alineación con las necesidades del servicio.
Esta decisión surgió tras un encuentro descrito como “cordial y fructífera” entre el Gobierno y representantes del sector, donde se pactó trabajar en conjunto para el desarrollo del servicio.
La reasignación ministerial de Ipostel ha sido “acogida con gran beneplácito” por las empresas involucradas, marcando un posible nuevo comienzo para el delivery en el país.
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