El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, cuestionó ayer la decisión del Ejecutivo nacional de sacar la Fuerza Armada a la calle para que se haga cargo de la seguridad ciudadana.
De acuerdo con el informe sobre Derechos Humanos que levantó esta organización no gubernamental, en el año 2012 «funcionarios de la Fuerza Armada fueron responsables de 301 víctimas de violación al derecho a la vida en el país».
Agregó Alvarado que «sólo en el año 2012, de las 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 la Guardia Nacional y 5 el Ejército). Estas cifras pudieran aumentar dramáticamente tras el anuncio e implementación de la militarización de la seguridad ciudadana», expresó.
«Expresamos nuestra preocupación de que se haya sacado a la Fuerza Armada para combatir la inseguridad, considerando que en 2012 superó al Cicpc en prácticas de la tortura, lo cual nos coloca en una situación de riesgo», advirtió.
Para Alvarado «es inconstitucional sacar a la Fuerza Armada para hacer labores de seguridad ciudadana, cuando la propia Constitución dice que los órganos que deben asumir esta responsabilidad son de naturaleza civil».
«El actual Presidente de la República ha apostado por una postura que no genera aspectos positivos. Como ONG de Derechos Humanos somos partidarios de que todo delito debe ser condenado y penalizado, siempre y cuando esté en el marco de la Constitución. Debido a esto, nos apoyamos en que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», manifestó.
Durante un foro organizado por el Ifedec, el también integrante de esta organización, Inti Rodríguez, explicó que entre los aspectos positivos del análisis se encuentra la reducción de la pobreza en 6% lo que significa un salto importante si se compara con registros entre los años 2009 y 2011.
Fuente: ÚN
